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DE ASUNTOS PÚBLICOS

Situación Colombia COVID-19: gobernanza, visiones y tendencias

Fotografía: Presidencia de Colombia / EFE

Bogotá

Abril de 2020

El 6 de marzo Colombia se sumó a los 191 países que confirmaron la presencia del virus Covid-19 en su población. Un mes después del primer contagio en el país, se han reportado más de 1400 casos en 24 departamentos, 35 muertes, 88 pacientes recuperados y más de 20 mil casos descartados. El 4.3% del total de los pacientes diagnosticados con el virus permanecen en Unidades de Cuidado Intensivo mientras que el 82% están en sus casas. Hasta el momento – en esta primera etapa – la red hospitalaria ha respondido de acuerdo con su capacidad instalada sin verse aún, colapsada.  Igualmente, el 80% de los eventos se concentran en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico y por ahora, según las cifras reportadas, la región de la Orinoquia es la que menos diagnósticos de coronavirus ha registrado.

Preparación y gobernanza en la lucha contra la pandemia

Desde que llegó el virus a Colombia, las miradas han estado dirigidas a las medidas adelantadas por el Gobierno Nacional ante un escenario sorpresivo, de incertidumbre y que no estaba contemplado en la política pública. Los planes sobre la marcha, la poca información respecto al virus y la situación que estaban viviendo países como Italia y España, trasladaron la conversación a las recomendaciones técnicas y científicas de la Organización Mundial de la Salud que fueron acogidas y lideradas por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS). Discursos técnicos, alejados de la confrontación política y del afán populista, lograron encontrar acogida en la opinión pública.

El modelo top-down en la etapa de preparación

El 23 de enero el Ministerio de Salud junto al INS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), anunciaron desde el Aeropuerto Internacional el Dorado que, junto a la Cancillería, Migración Colombia y la Aeronáutica Civil, se habían activado todos los protocolos de vigilancia para las personas que ingresarán al país.

El tamizaje realizado en conjunto con autoridades aeroportuarias y las primeras directrices a alcaldes y gobernadores sobre el seguimiento a protocolos de vigilancia y manejo de posibles casos, daban muestra de una estructura de gobernanza y toma de decisiones conocido como top-down: de un orden nacional fuerte a una implementación por parte del orden local.

Los secretarios de salud fueron convocados en diferentes ocasiones por el propio Presidente de la República para definir lineamientos de atención en las regiones y con la llegada del Ministro de Salud Fernando Ruiz, se inició la construcción conjunta del plan territorial para el control

problemática quizás no estaban en el panorama de los mandatarios locales que para ese entonces asumieron y se acogieron a las recomendaciones del Gobierno Nacional.

La contención y la controversia

Desde el 6 de marzo, el Presidente de la República asumió la vocería para anunciar las medidas y acciones frente a la fase de contención del virus en la que entraba el país. El Ministerio de Salud, entregó lineamientos sectoriales específicos de contención y se declaró el Estado de Emergencia Sanitaria tras 12 confirmaciones de contagio, abonando el terreno para las medidas que debían tomarse a nivel nacional y regional ante el esperado incremento de los casos.

Desde entonces, 61 normativas han sido impulsadas por el Gobierno Nacional orientadas al manejo, control y mitigación del virus en distintos sectores. 25 de ellas corresponden a normativas de orden público y de carácter social mientras que 19 a temas fiscales para la financiación de las medidas tomadas. El impulso de las medidas de orden público y de financiación para enfrentar la emergencia, fueron los desacuerdos que revelaron el primer choque entre el orden nacional y regional.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, junto al Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, que jugaban ya un mayor protagonismo en el debate, a manera de contención y preparación decretaron un simulacro de aislamiento por cuatro días, pero el Ministerio del Interior anunció frente a las medidas, que toda decisión de orden público debía estar en cabeza del presidente de la República, quien era, el responsable de liderar y tomar acciones en este frente.

La controversia frente a este anuncio no se hizo esperar por parte de algunos mandatarios locales quienes desafiaron públicamente al Presidente de la República. La gobernanza y coordinación entre el Gobierno Nacional y alcaldes y gobernadores que se vio articulada en la etapa de preparación, comenzaba a mostrar sus primeras fisuras durante la etapa de contención de virus.

La expedición del Decreto 444 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creando el Fondo de Mitigación de Emergencias para financiar medidas de carácter social para la población vulnerable con Recursos del Fondo de Pensiones de las entidades Territoriales, nuevamente evidenció la fractura de las relaciones entre el Gobierno Nacional y el local levantando la voz de protesta de varios alcaldes y gobernadores liderados esta vez, no solo por la alcaldesa López, sino por el alcalde de Manizales, Carlos Marín, Daniel Quintero de Medellín y Jorge Iván Ospina de Cali, quienes se oponían a entregar recursos propios de los territorios para entregárselos a la nación. Sin duda este reclamo responde a que una vez la crisis estuviera en su máxima intensidad, estos mandatarios iban a verse con poca capacidad de maniobra frente a la crisis a merced de las ayudas de la Casa de Nariño.

La salud perdió entonces por algunos días protagonismo público en razón a temas de carácter político y jurídico y entidades técnicas como el Ministerio de Salud o el INS dejaron de figurar públicamente en el debate nacional. Discusiones políticas lograron nublar por un momento a la comunidad científica que seguía alertando y entregando recomendaciones respecto a la contención de la enfermedad.

De regreso a lo técnico y a la gerencia

El presidente Duque de nuevo, al frente de la conversación, inició informando diariamente acerca de las medidas sociales y económicas para cada uno de los sectores y poblaciones más afectadas, así como del inicio de la cuarentena nacional que en principio irá hasta el 13 de abril.

Nuevas carteras como Comercio y Vivienda, que con propuestas de levantar aranceles de importación para ciertos productos médicos y de proteger el desalojo y costo de los arriendos respectivamente, empezaron a tomar relevancia en la agenda pública. La llegada de Luis Guillermo Plata, como Gerente de estrategia contra el coronavirus, permitió al presidente dar una nueva luz y visión de gerencia y coordinación ante la situación de crisis buscando de esta forma, que no se diera otro choque con las entidades territoriales.

Por ahora, su labor y anuncios públicos han estado encaminados a que la problemática debe abordarse, de manera articulada y mediante la acción colectiva, para ejecutar medidas y paquetes económicos que suman $14.8 billones de pesos entre los beneficiarios de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor. Esta cifra se sitúa como el paquete de transferencias económicas más grande en la historia del país.

La mitigación

El país recibe la segunda semana de cuarentena con más de 1000 casos en una fase de mitigación en la que según el ministro Ruíz, más del 10% no tienen nexo epidemiológico, es decir, se ha perdido el rastro sobre cómo se está propagando el virus y no se conoce la forma en que algunos portadores han adquirido la enfermedad. A partir de este momento, varios expertos como el médico neurólogo Diego Roselli de la Universidad Javeriana, ha señalado que una proyección optimista en la que los ciudadanos acaten la cuarentena, resultaría en 50 mil infectados para el 20 de abril. Modelos más pesimistas como el del INS señalan que de no hacerse nada, para el 15 de mayo se podría llegar al pico del contagio con 900 mil casos en un día. Estas predicciones centran nuevamente la atención en la comunidad científica y en cuál debe ser la hoja de ruta a partir de ahora. “Después de la cuarentena habrá un proceso de adaptación. Eso significa que tengamos eventualmente que considerar lo que llamamos nosotros, con los epidemiólogos, una estrategia del acordeón: entonces, se libera y se cierra, se libera y se cierra” anunció el presidente Iván Duque.

Economía y salud, ¿juego de suma cero?

Ya van más de 20 días de aislamiento obligatorio en el que varios sectores que han visto afectados sus ingresos, ponen sobre la mesa la importancia de las próximas decisiones que tome el Gobierno Nacional para enfrentar tanto el continuo crecimiento de casos como para garantizar la sostenibilidad económica del país.

Ante la peor caída trimestral de la historia en los precios del petróleo y con la divisa del dólar en topes históricos por encima de los 4 mil pesos, la estabilidad económica se inserta en la conversación cómo el gran desafío que deberá enfrentar el Gobierno en los próximos días.

Nuevamente las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá de extender la cuarentena y ‘apagar’ la economía durante tres meses más con el fin de aplanar más la curva y ganar más tiempo para adecuar y fortalecer la red hospitalaria, agitaron aún más la disyuntiva entre salvar la economía y mantener el aislamiento, a la vez, que abrió la puerta a nuevas voces gremiales que manifestaron la incertidumbre que muchos sectores industriales y económicos viven actualmente.

La ANDI y Fenalco, gremios de industriales y comerciantes, que han reaccionado a la propuesta de López, comienzan a tener eco en la conversación pidiendo que no se descuide la economía y el empleo en esta pandemia y que, por lo tanto, las decisiones no se deben tomar a la ligera ni prematuramente. El capital político del presidente Duque que se concentraba en el sector empresarial, comienza a pasar factura frente a las decisiones que pueda tomar el mandatario. Sin embargo, los gremios han mostrado solidaridad con el Gobierno, apoyando las medidas sociales que se han tomado, pero reclamando a su vez, soluciones.

El presidente de la ANDI, Bruce MacMaster, propone posponer todos los pagos de servicio de deuda de las empresas por un año.  Igualmente, aseguró que la cadena productiva de Colombia es suficiente para autoabastecerse con productos de primera necesidad, por lo tanto, la única manera de aguantar esta cuarentena es robustecer el aparato productivo  y logistico y asegurar los servicos púbicos para que las personas no tengan que abandonar el aislamiento obligatorio y salir a buscar lo que necesitan. Adicionalmente Jaime Alberto Cabal, Presidente de Fenalco, planteó la necesidad de permitir acuerdos colectivos al interior de las empresas, que modifiquen temporalmente las condiciones de los contratos laborales mientras dura la crisis.

Ante este panorama el Gobierno Nacional entra en una etapa de difíciles decisiones que pueden marcar el rumbo del sector económico y de la curva de contagios. Diseñar políticas adecuadas que protejan a la población del virus y a su vez reactivar el funcionamiento del aparato industrial, será el gran desafío de las próximas semanas. Sumado a que las problemáticas sociales van a continuar y el Estado tendrá mayores presiones para atender a nuevas poblaciones vulnerables que aparecen en el radar como el más de 1 millón de venezolanos en el país y por los que la alcaldesa, de nuevo ha exigido al Gobierno el apoyo para el pago de los arriendos.

En este este punto hay más preguntas que respuestas y mayores retos de gobernabilidad por parte del presidente quien tendrá que maniobrar con un abanico de sectores y actores que reclaman soluciones ante la crisis a la vez que se destapan nuevas capas de la problemática social que indican que las transferencias monetarias no serán suficientes en una economía con más del 50% de la población trabajando en la informalidad.

En pocos días conoceremos nuevas decisiones para el manejo de la pandemia y así como Brasil o Estados Unidos han dejado ver la relación de las soluciones de sus mandatarios con el sector económico, el presidente ya ha dado luces de cómo sería la operación posterior al final del aislamiento obligatorio, a lo que ha llamado un ‘aislamiento inteligente’, en el que se mantengan por un tiempo más prolongado de aislamiento a los colegios, universidades, bares, discotecas, población adulta mayor, niños y jóvenes. Se pondrá a prueba entonces el peso de las recomendaciones científicas en el Gobierno Nacional que por ahora han prevalecido de las visiones gremiales o de carácter político.