Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética
Implicaciones para el transporte terrestre y la movilidad urbana
Introducción
El pasado martes 19 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE), poniendo fin a su tramitación administrativa e iniciando su trámite parlamentario. Este proyecto de ley llega tras el decaimiento de uno con idéntico objeto en la primera legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez, por la convocatoria de elecciones, y nueve años después de que en 2011, la Comisión Mixta Congreso/Senado para el Estudio del Cambio Climático recomendara su elaboración. Con la aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley puso fin a su tramitación administrativa y se remite a las Cortes Generales para el inicio de su trámite parlamentario como proyecto de ley.
El contexto para su aprobación está marcado por la emergencia sanitaria y crisis económica derivada de la crisis de la COVID-19, lo que en parte ha causado una dilatación en su aprobación por el Consejo de Ministros. Sin embargo, este proyecto de ley cobra especial importancia durante la fase de desescalada de la crisis, debido a que el Gobierno lo considera como un instrumento de modernización de la economía y de la industria, y una palanca para la creación de empleo, y la atracción de inversiones en la senda hacia la sostenibilidad de la economía española. Según las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales, e incrementando el Producto Interior Bruto (PIB) en torno un 1,8% respecto a un escenario sin medidas (entre 16.500 y 25.700 millones de euros.
La nueva redacción constituye un texto reforzado en materia de ambición, gobernanza, participación y transparencia. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética es el tercer pilar del Marco Estratégico de Energía y Clima, compuesto también por el PNIEC y la Estrategia de Transición Justa. Este anteproyecto de ley responde además al compromiso adquirido por España mediante la firma del Acuerdo de París de 2015 y constituye el marco normativo que deberá orientar la descarbonización de la economía a 2050, incluyendo el sector del transporte y la movilidad.
Resulta oportuno mencionar el anuncio del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de la aprobación tanto de una Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, como de una ley nacional de movilidad, que en cualquier caso deberá desarrollar parte de la visión medioambiental que el presente PLCCTE contempla para el sector del transporte y la movilidad urbana.