Principales medidas del programa de Gobierno PSOE – Unidas Podemos
Madrid
30 de diciembre de 2019
El Pleno para la investidura del candidato socialista no tiene todavía fecha concreta, pero se barajan el domingo 5 de enero, el martes 7 de enero o el viernes 10 de enero como fechas en las que Pedro Sánchez podría convertirse en presidente del Gobierno investido. A falta de esta fecha, el líder del PSOE y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han presentado esta tarde el programa de Gobierno de coalición. A continuación, se indican las principales medidas de este acuerdo.
Reducción del tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina.
0.1. Política fiscal
Subida de dos puntos del IRPF a rentas superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos a rentas superiores a 300.000 euros.
Tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, que se sitúa en el 18% para los bancos y las empresas de hidrocarburos.
El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para rentas superiores a 140.000 euros.
Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas para “que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo”.
0.2. Política laboral y pensiones
Derogación del despido por absentismo causado por bajas de enfermedad.
Se eliminan las limitaciones al ámbito temporal de los convenios colectivos (ultraactividad).
Se derogará la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales.
Se limitará la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
Se limitará la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
Revisión del mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.
Subida del salario mínimo hasta el 60% del salario medio durante la legislatura, lo que supondría subidas hasta alcanzar los 1.200 euros.
Revisión de los contratos formativos y aprobación y desarrollo del Estatuto del Becario para que su uso responda a finalidades exclusivamente formativas.
Simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo. Explorar las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales.
Revisar las causas del despido para hacer más precisa la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y reforzar el papel de la ITSS y la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos y en otros expedientes de regulación de empleo.
Plantear a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones.
Actualizar las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente, y aumentaremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. Impulsar la reducción de la brecha de género en las pensiones y la revisión de las pensiones de viudedad, garantizando la igualdad de trato en los casos de parejas sin vínculo matrimonial.
Determinación de la base reguladora para evitar perjuicios a las personas con carreras profesionales irregulares y el complemento por maternidad para hacerlo más equitativo y evitar la perpetuación de roles de género.
Reformar el Sistema de Seguridad Social, en el marco del diálogo social, y del Pacto de Toledo, con máxima transparencia, para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo.
Eliminar el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social previstos en la Ley 23/2013, siempre asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo.
Desarrollar el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social, comenzando en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables y, posteriormente, mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos.
0.3. Política empresarial
Plan de Acción para la Internacionalización 2020-2021.
Elaborar un Plan de Desarrollo Industrial con el horizonte 2030 que permita maximizar las oportunidades, mejorar la competitividad de la industria y crear empleo de calidad y prosperidad, contribuyendo a incrementar la aportación de la industria al PIB.
Actuaciones contra las deslocalizaciones y activación de los recursos del Estado para facilitar la continuidad y permanencia de aquellas empresas que sean una fuente crítica o fundamental de empleo en sus comarcas.
Impulso de la recuperación de zonas desindustrializadas en colaboración con los sectores afectados.
Aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Aprobación del Plan nacional integrado de energía y clima, reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura, como principales instrumentos para complementar y desarrollar la ley.
Elaboración de un Plan de Reforma del Sistema Eléctrico que favorezca la transición hacia la descarbonización y unos precios asequibles para el consumidor y las empresas.
Impulso a la elaboración de normas legales necesarias para reformar el mercado eléctrico, de forma que la reducción progresiva del coste de las energías renovables se traslade al precio de la electricidad, y se garantice la rentabilidad adecuada y el pleno desarrollo de la expansión de las mismas. Se modificarán los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas.
Se realizarán los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización.
Revisión de los pagos por capacidad, de manera que se limiten a medidas condicionales, transitorias, sin distorsiones, de último recurso y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad, excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales y conforme en todo momento a la normativa europea vigente en la materia.
Modificar la factura eléctrica con el objetivo de:
- reducir el porcentaje que representa el término de potencia;
- que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética.
Implementación de un Plan de Vivienda Sostenible (desde el punto de vista energético, ecológico y social) ligado a la Estrategia de Rehabilitación de Edificios a Largo Plazo.
Se complementará la aprobación del Estatuto del consumidor electrointensivo, con el objetivo de potenciar la competitividad y la eficiencia de las empresas con altos costes energéticos, a través de compensaciones y exenciones de pago a cambio de que éstas mejoren su eficiencia energética y que mantengan y generen empleo.
Estrategia de transición justa al nuevo modelo energético, con el desarrollo de planes de acción urgente para las comarcas afectadas por el cierre de centrales de carbón y centrales nucleares con calendario conocido, de manera que se definan escenarios estables, predecibles y competitivos para estas áreas, fomentando el desarrollo e inversión en innovación y tecnologías verdes, favoreciendo la formación necesaria para hacer frente a las necesidades del futuro al objeto de asegurar nuevas oportunidades de empleo en las comarcas afectadas.
Estrategia de economía circular, con el impulso a la aprobación de una Ley de plásticos de un solo uso, como parte de la Estrategia de Economía Circular, para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050. Se desarrollarán aspectos tales como el ecodiseño, la ecoinnovación o la reintroducción de subproductos y residuos como materia prima de otros ciclos productivos.
Regulación del autoconsumo compartido y simplificación de los trámites administrativos y técnicos para autoconsumir sin cargos. La retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo deberá ser, como mínimo, igual al valor de mercado mayorista de electricidad.
Reparar la “situación de los pequeños inversores perjudicados por el cambio regulatorio” respecto de la retribución de las renovables.
Creación del Fondo de Compensación de Daños Medioambientales, que se irá constituyendo a partir de los recargos en las pólizas de seguro obligatorias a los operadores que realicen ciertas actividades económicas susceptibles de ocasionar daños al medioambiente. La finalidad de este Fondo será extender en el tiempo la cobertura de tales daños, de forma que, vencido el seguro, los daños pasan a cubrirse con cargo al Fondo por un tiempo adicional igual al que estuvo vigente la póliza, con un límite de 30 años.
Reforma del bono social eléctrico y creación un bono general que incluye el bono gasista. El coste del bono social eléctrico será asumido por las matrices de los grupos de 24 sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo societario. Estos bonos tendrán el fin último de permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía.
Impulso a un Programa de Acción 2019-2022 para la Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad de la Cadena Logística.
Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización de agua, apostando por la racionalización del uso del agua, en línea con la Directiva Europea sobre Calidad del Agua.
Impulso al Plan Director de Regadíos para desarrollar inversiones en instalaciones y obras en baja que mejoren la disponibilidad y uso sostenible del agua, generando valor añadido y empleo.
Garantizar el agua potable y de riego, al tiempo que se protege el medioambiente.
Elaboración de un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente, para abordar los crecientes impactos sobre la salud de los cambios ambientales consecuencia de la crisis ecológica.
Actualización de la Ley de Costas, para aumentar la protección y evitar la destrucción de ecosistemas costeros.
Impulso a una Ley de Bienestar Animal, que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos incluyendo la revisión de la fiscalidad de los servicios veterinarios.
Elaboración de una Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte público, poniendo especial énfasis en la sostenibilidad económica de las áreas metropolitanas de las grandes ciudades.
Puesta en marcha un esquema de ayudas económicas para el vehículo eléctrico, impulsando el vehículo con energías alternativas y medidas encaminadas a promover la instalación de puntos de recarga en zonas urbanas.
Aprobación de una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea, de ámbito estatal y similar a la de los productos del tabaco.
Introducción de medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos de azar en el marco regulador de los juegos de azar y apuesta en línea, con el objetivo de reforzar la autoconciencia y autonomía del jugador de cara a prácticas de consumo saludable y para prevenir, anticipar o identificar la generación de patrones de juego problemático.
En el marco de la Conferencia Sectorial impulsar criterios homogéneos con las comunidades autónomas para evitar que los locales de apuestas puedan abrir antes de las 22.00h y que limiten su proximidad a centros escolares.
Promover la implicación de los operadores de juegos de azar y apuestas en el desarrollo de acciones de información, prevención, sensibilización y reparación de los posibles efectos indeseables derivados de la actividad de juegos de azar.
Reorientar la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores en línea con el fin de destinar un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego.
Establecer la obligación de que los locales de juego y apuestas abiertos al público cuenten, en su entrada, con un cartel de advertencia sobre los peligros de la ludopatía, con un contenido y proporciones análogas a los que aparecen en las cajetillas de tabaco.
Plan para el despliegue de infraestructuras digitales, complementando el despliegue de redes mediante la implantación de la nueva tecnología móvil 5G, el desarrollo de aplicaciones en proyectos piloto y pre-comerciales, y la utilización en sectores tractores como salud, automoción, agroalimentario y turismo, “Smart Cities”, movilidad y transporte, procesos industriales, intervenciones quirúrgicas a distancia, salud interconectada, o videojuegos.
Aumento de la inversión pública en I+D+i civil por encima del incremento del límite de gasto no financiero del Estado, avanzando hacia los objetivos comunitarios de inversión total pública y privada.
Puesta en marcha de una Estrategia de Formación y Alfabetización Digital que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la digitalización en todos los niveles del sistema educativo y de la formación de los trabajadores para evitar la exclusión digital.
Estrategia de ciudadanía digital, que contemplará diversas medidas, incluido un bono social de acceso a internet para colectivos vulnerables que sea funcional en el actual contexto tecnológico y contribuya a la conectividad en todo el territorio nacional.
Impulso a la Ley de Derechos Digitales.
Inversión en tecnologías prioritarias, fomentando, con programas específicos, la I+D en áreas multidisciplinares prioritarias y tecnologías como la Economía Azul, la Medicina Personalizada o la Inteligencia Artificial.
Presentación de una Estrategia Española de Inteligencia Artificial, promoviendo el desarrollo de las tecnologías habilitadoras, con alto potencial tractor, como el tratamiento de grandes volúmenes de datos, el procesamiento del Lenguaje Natural, la identidad digital, el blockchain, o el “internet de las cosas” entre otras.
Revisión de la prestación de servicio universal para incrementar las conexiones a internet hasta convertirlo en una conexión funcional.
Aprobación de un Plan de Ciberseguridad y creación de un Foro nacional de ciberseguridad, para el desarrollo tecnológico y la investigación.
Impulsar el Plan de Digitalización de la Administración, que incluirá medidas para aumentar la eficiencia y reducir la brecha digital en el uso para la e-administración a través del desarrollo de servicios públicos electrónicos universales y de calidad abiertos, eficientes, flexibles e inclusivos y que sean accesibles a todos los colectivos.
Reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y aprobación de su Reglamento para hacerla efectiva.
Se extenderá la Carpeta ciudadana, para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a los trámites y todos sus expedientes en relación con la Administración General del Estado en un único espacio web.
Desarrollar las cláusulas sociales y la compra pública innovadora, integrando en las licitaciones de los concursos de contratación pública la lucha contra la brecha de género, el reto demográfico, la promoción de PYMES o startups y la compra pública innovadora.
Creación de un Seguro Europeo de Depósitos.
Impuesto sobre transacciones financieras.
Impuesto sobre determinados servicios digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea.
Protección a las personas hipotecadas. Impulsaremos nuevas medidas de carácter normativo que refuercen la protección de las personas hipotecadas, la transparencia de las condiciones de contratación y de sus implicaciones económicas y jurídicas.
El procedimiento de ejecución hipotecaria deberá garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, de acuerdo con lo que establece la normativa europea.
Reforma del régimen jurídico y fiscal de las SOCIMIS, aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos.
Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado. Se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica.
Aprobación de una Ley Básica de Educación, que derogue la LOMCE y sus consecuencias negativas, que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años, eliminando la segregación escolar, y permitiendo la personalización de caminos formativos a las necesidades de los alumnos y alumnas.
Refuerzo de la formación en valores y el desarrollo de capacidades transversales (soft skills) así como los mecanismos de autonomía y gobernanza de las escuelas.
Promover la coeducación en todo el sistema educativo, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos.
Se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado y familias de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo.
Elaboración un Plan contra el fracaso escolar y el abandono escolar prematuro. Puesta en marcha un Plan de Mejora de la Convivencia para la Prevención del Acoso (bullying) y la Violencia en los Centros Educativos junto con las comunidades autónomas.
Garantizar la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria: libros, material escolar y comedor durante todas las etapas para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Potenciación de la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad.
La asignatura de religión será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.
La educación y la formación, las instituciones educativas y sus actores se insertarán activamente en la agenda de digitalización que promoverá el Gobierno a través de una Estrategia de Digitalización en Educación y Formación Profesional ambiciosa.
Incremento de los recursos públicos destinados a la educación y becas, hasta situar la inversión educativa en España en un 5% del PIB en el año 2025.
Se apoyará a las comunidades autónomas para que progresivamente se produzca una reducción de las ratios en todos los niveles educativos.
Universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 años a través de la red pública en condiciones de equidad.
Elaboración, conjuntamente con las comunidades autónomas y en el seno de la Conferencia Sectorial, un plan de extensión de la Educación Infantil, con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente de plazas públicas para todos los niños y niñas menores de 3 años.
Mejorar en coordinación con las comunidades autónomas la efectividad y la eficiencia de las políticas activas de empleo y simplificaremos el sistema de protección por desempleo.
Impulsar las políticas activas de empleo y simplificar el sistema de protección por desempleo.
Garantizar una atención individualizada, profesional e integral a los desempleados y desempleadas, dirigida a su rápida reincorporación al mercado de trabajo, prestando especial atención a los jóvenes, parados de larga duración y a los supuestos de exclusión social.
Las políticas activas de empleo garantizarán que las ofertas de colocación sean adecuadas a las aptitudes y los perfiles formativo de las personas desempleadas.
Plan Estratégico de Formación Profesional Dual, incorporando a las empresas con fórmulas flexibles y creando consorcios con la participación de los agentes sociales y la comunidad educativa.
Impulso a una nueva Ley de Ordenación de la FP que incluya una regulación específica de la FP Dual y que incorpore en todos los títulos un módulo de digitalización.
Reducción del impacto de la comida basura, al establecer obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional.
Revisión de la fiscalidad de los alimentos ultra procesados o ricos en grasas y azúcares.
Defender una Política Agraria Común (PAC) suficientemente dotada para garantizar la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental.
Favorecer la compra pública de alimentos de proximidad y con criterios ecológicos para potenciar la agricultura como un puntal de desarrollo rural.
Impulsar una pesca y acuicultura sostenibles, basada en el conocimiento, la innovación y la investigación científica.
Ratificación del Convenio 188 de la OIT sobre trabajo en la pesca. Medidas para la defensa y puesta en valor de la pesca artesana.
Modificación de la Ley de seguridad alimentaria para adecuarla a las exigencias contemporáneas de protección a las personas consumidoras y transparencia en su acción.
Se mejorarán los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos y el conjunto de la normativa sancionadora de consumo de carácter estatal para que las sanciones sean proporcionales al perjuicio causado a las personas consumidoras.
Se potenciará la Comisión de Cooperación de Consumo en el seno de la Conferencia Sectorial del Consumo para mejorar la cooperación, la comunicación y la información entre la Administración General del Estado y la de las comunidades autónomas, en aquellas materias que afecten a la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.
Eliminación progresiva de los copagos introducidos en 2012 a lo largo de la legislatura, empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.
Introducción progresiva de la Atención a la Salud Bucodental de la población en cartera de servicios del SNS. Se elaborará un plan de Salud Bucodental que establezca las prestaciones a cargo del SNS.
Blindaje del sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa. Para ello se revisará la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema.
Se impulsará la recién creada Comisión, integrada por expertos y expertas del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, que analizará la situación y definirá las líneas y estrategias para revisar dicha Ley en el plazo de 6 meses.
Incrementar la inversión en sanidad hasta el 7% del PIB.
Impulso a la renovación de la tecnología sanitaria para que el Sistema Nacional de Salud sea referente en innovación tecnológica.
Orientar las políticas relativas a la industria farmacéutica hacia el cuidado de la salud de la población, priorizando la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios.
Impulso a las modificaciones normativas, legales y reglamentarias necesarias para garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Trabajar conjuntamente entre la Administración Central y las comunidades autónomas, que son quienes ejercen mayoritariamente las competencias en materia de sanidad, para garantizar homogeneidad en el procedimiento de forma que la asistencia sanitaria será gratuita durante el periodo que existe entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria. Extender este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española.
Garantizar la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en nuestro país a los ciudadanos y ciudadanas españoles que residen fuera de España y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria reconocido por los países de acogida.
Mejorar las condiciones del personal sanitario agilizando el proceso para garantizar el cumplimiento del II Acuerdo en materia de sanidad e impulsando un programa de retorno de los y las profesionales que han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España.
Mejorar la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia para reducir las listas de espera. Impulsaremos la reducción drástica de las listas de espera en todo el territorio nacional con el objetivo de conseguir una disminución a largo de la legislatura de al menos un 75%.
Mejorar las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia. Se realizará un esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo y se recuperará el nivel acordado. La financiación debe de ser de carácter finalista, a través de la recuperación de los convenios de acuerdos financieros entre Estado y comunidades autónomas que se derogaron en 2012.
Aprobación de una estrategia contra la soledad no deseada.
España promoverá la implementación del Pacto Global para las Migraciones (Acuerdos de Marrakech) y del Pacto Mundial sobre los Refugiados de la ONU, y dedicará una especial atención al desarrollo sostenible de los países de origen y tránsito para facilitar una inmigración legal y segura.
Se modificará el sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes de Protección Internacional, adaptándolo a la normativa europea y a la nueva realidad del país para hacerlo más eficiente y solidario.
Se dotará el Fondo estatal de integración como instrumento esencial de colaboración del Estado con las comunidades autónomas y los municipios en este ámbito.
Se elaborará una nueva Ley de Asilo que se adapte a los nuevos retos de la movilidad global y que tenga en cuenta las nuevas realidades sociales.
Incremento en el compromiso de España con el multilateralismo y el desarrollo de terceros países, incrementando los recursos presupuestarios hasta situarlo en el 0,5% de la RNB a final de la legislatura, destinando el 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a la ayuda humanitaria.
Fortalecimiento de la AECID y refuerzo la Ley de Cooperación española, para facilitar la aplicación de las subvenciones, la mayor coordinación con todas las administraciones y la máxima implicación de todos los agentes públicos y privados.
Convertir a África en una prioridad de la política exterior europea y plantearen Bruselas iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de este continente.
Contribuir a reforzar las relaciones entre la UE y los países de América Latina y el Caribe, en los planos económico, social, político y cultural, estableciendo, además, nuevas relaciones con las potencias emergentes de Asia.
Promover una mayor autonomía de la UE y una mejor coordinación entre sus estados miembros en materia de seguridad, para combatir amenazas como el terrorismo internacional, los ciberataques, la desinformación, y crecientes conflictos bélicos en nuestra vecindad.
Estudiar la eliminación de la exigencia de unanimidad para la toma de determinadas decisiones en la UE de forma que resulten viables muchas de las anteriores propuestas y la conveniencia, en algunos casos, de avanzar a diferentes velocidades en el proceso de integración europea.
Promover acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Primaremos en la búsqueda de dichos acuerdos los principios de mérito, capacidad, igualdad, paridad de género y prestigio profesional.
Elaboración de un Plan Nacional contra la Corrupción, que estudiará una reforma del Código Penal. En este marco, se aprobará una Ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá un Estatuto del denunciante. Se incluirán atenuantes en función del delito y las circunstancias de la denuncia.
Regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas.
Reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y elaboración de su Reglamento.
Refuerzo en la lucha contra los “cárteles” en la contratación pública, para desincentivar los fraudes y compensar el sobrecoste, resarcir los daños provocados y aumentar la transparencia.
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