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DE ASUNTOS PÚBLICOS

Previsiones legislativas en España y la Unión Europea para 2013

Para poder hablar de previsiones de 2013 necesitamos saber de dónde partimos. El año 2012 terminó con una aguda recesión económica, una elevada tasa de desempleo, unos altos costes de financiación que afectan especialmente a España por su altísimo nivel de endeudamiento, una preocupante pérdida de competitividad, un elevado déficit público y un sector financiero pendiente de reestructuración.

Por ello, las previsiones legislativas irán encaminadas a paliar esos problemas para conseguir una mayor estabilidad en el déficit público, mejorar la competitividad y lograr el crecimiento del empleo.

Según el documento publicado por Moncloa sobre la Estrategia Española de Política Económica, las líneas estratégicas que se van a seguir para alcanzar los objetivos establecidos son: la consolidación fiscal, la reforma del sistema financiero y diferentes reformas estructurales que aporten flexibilidad y competencia, ayuden a contener los márgenes empresariales, que mejoren la calidad de los factores productivos  y que faciliten la asignación de recursos hacia los sectores más competitivos.

En este sentido, el Gobierno espera cumplir con unas pautas entre las que destaca la mejora de la gobernanza económica a través de la esperada Ley de Transparenciadirigida a aumentar la responsabilidad en la gestión de los recursos púbicos, una norma que ya se encuentra en la Comisión del Congreso, y la creación de una Autoridad Fiscal Independiente que velará por el cumplimiento de la normativa presupuestaria a fin de detectar cualquier posible desviación en la ejecución de las cuentas públicas. Ambas medidas están dirigidas a lograr un incremento de la ahora más que nunca necesaria confianza en la economía española y en la propia Administración.

Con tal de frenar el déficit público y cumplir con las exigencias de la Unión Monetaria, el Ejecutivo se ha comprometido a continuar en la senda de la austeridad en el sector público. Para ello se llevarán a cabo ajustes mediante ventas de ciertos bienes y servicios y se continuará ampliando la lucha contra el fraude fiscal y laboral, en línea con  la Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social que se encuentra actualmente al final de su tramitación parlamentaria. En relación a ello está también pendiente una reforma de la regulación del sector de las mutuas de accidentes de trabajo, cuya patronal, AMAT, ha solicitado una mayor autonomía en la gestión y mayores facultades en el control de los procesos de baja, lo que afirman supondría un gran ahorro para el Sistema de Seguridad Social.

En la última encuesta del CIS se comprobaba que el primer problema para la mayoría de los españoles sigue siendo el desempleo. Indudablemente la lucha contra las actuales cifras de paro en España será una de las prioridades del Ejecutivo, por lo que realizará una evaluación de las políticas activas de empleo para concentrar los recursos en aquellas medidas que tengan un mayor impacto.

En este sentido, el Gobierno de Rajoy se ha comprometido a aprobar en el primer trimestre de 2013 el esperado Plan de Emprendedores, en el que se de apoyo a la iniciativa emprendedora mediante la creación de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada y el impulso de la financiación a través de inversores, capital riesgo y un mercado alternativo de renta fija. Además, se abordarán medidas administrativas para agilizar los procedimientos dirigidos al emprendimiento y medidas de apoyo al desarrollo e internacionalización de los proyectos empresariales. También la ciencia y la innovación serán potenciadas, para lo que se creará la Agencia Estatal para la investigación y una nueva estrategia para determinar las prioridades de las políticas públicas de I+D+i entre 2013 y 2020.

Una segunda línea de acción para apoyar al empresariado español y fomentar el crecimiento de empleo se refiere a una nueva Ley de garantía de la unidad de mercado que según parece será una de las primeras normas que el Consejo de Ministros aprobará. Esta norma busca que los principios de licencia única y legislación de origen rijan en todo el territorio español, tal y como ya sucede efectivamente entre los estados miembros de la Unión Europea. Así, con una sola licencia autonómica, las empresas y profesionales podrán comercializar sus productos y prestar sus servicios en cualquier otra autonomía.

En lo referente al necesario aumento de competitividad, José Manuel Soria ha incidido en la importancia del coste de la energía como uno de los aspectos que más influyen en este aspecto. Por este motivo, a la ya aprobada Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, se unirá una nueva Ley del Sector eléctrico para avanzar en la liberalización del sector y ampliar así la competencia y reducir los precios, de forma que sean reflejo de los costes reales. El plazo que ha establecido el Ministro para aprobar esta norma se extiende hasta el mes de julio.

Una de las medidas que está más presente en el debate público actual es la próxima Ley de servicios profesionales, incluida en la estrategia del Gobierno para liberalizar el sector servicios. A la luz del ya conocido anteproyecto de Ley, esta norma suprimirá la obligación de colegiación en casi todas las profesiones, pero afectará especialmente al sector farmacéutico, al suprimir la reserva de la propiedad y la titularidad al farmacéutico, a los arquitectos, quienes se verán perjudicados por la supresión de la reserva exclusiva de ciertas actividades, y a los abogados.

El problema de la calidad educativa que revelan informes como el conocido PISA, será enfrentado de nuevo en la presente legislatura mediante la aprobación en 2013 de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Esta Ley integra una reforma del sistema educativo con el objetivo de reducir el abandono escolar, favorecer la capacitación y la empleabilidad y evaluar de forma objetiva a los centros educativos. Sin embargo, el punto más problemático de esta norma se refiere a la cuestión lingüística, una cuestión que podría ralentizar su aprobación.

La gestión del gasto sanitario y la mejora de su eficiencia es otro de los grandes problemas a los que el actual Gobierno tendrá que enfrentarse. En el mes de octubre se presentó el Anteproyecto de Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, pero no se ha continuado con su desarrollo, por lo que se espera que sea este año cuando se inicie su tramitación. Asimismo, dentro de una mayor reforma sanitaria, se podrán reformular las carteras de servicios sanitarios para regular aquellos servicios que prestan las Comunidades Autónomas a los pacientes del sistema público.

A pesar de no encontrarse entre las medidas estrella del Ejecutivo, éste se ha comprometido a seguir apoyando los sectores con mayor potencial, entre los que se encuentra el Turismo. En este ámbito de desarrollarán nuevas iniciativas de promoción a través de las nuevas tecnologías, con campañas online y aplicaciones específicas para dispositivos móviles. También se fomentará la internacionalización mediante la creación de la Agencia de Internacionalización (SECEX) para facilitar las exportaciones españolas y la captación de inversión extranjera.

Por último, se espera que a comienzos de este año quede también aprobada la Agenda Digital para España para desarrollar una economía digital y la I+D+i en el ámbito de las TIC, un sector que puede convertirse en  sector clave para la llamada marca España, actuando como impulsor del crecimiento y atracción de inversiones.

Existen además otros proyectos pendientes como una nueva Ley de parques nacionales y una revisión del marco normativo de montes y patrimonio natural.

Unión Europea

En cuanto a las perspectivas legislativas en el ámbito de la Unión Europea, 2013 puede ser un año crucial para el diseño del futuro desarrollo y crecimiento de la economía europea y en concreto para un gran número de sectores que se verán afectados por nuevas reformas con incidencia en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El objetivo prioritario de la Unión Europea será poner fin a la crisis que está padeciendo durante los últimos años. Para ello, una de las decisiones de mayor trascendencia que se tomarán durante este nuevo año será el marco presupuestario de la Unión para el periodo 2013-2020, un presupuesto que deberá negociar el Parlamento Europeo con los Estados miembro. Tras el establecimiento de este marco se regularán los presupuestos destinados a políticas tan relevantes como la Política Agrícola Común, la investigación, las ayudas a regiones desfavorecidas o el Programa Erasmus.

De forma paralela, se implantarán medidas que buscan corregir las deficiencias que la situación actual ha puesto de manifiesto. En este sentido se debatirán decisiones como la unión bancaria y nuevas reglas y mecanismos de decisión para los países de la zona euro. Se continuará con el endurecimiento de la normativa y la supervisión de los servicios financieros con el fin de conseguir salir de la presente crisis y a medio y largo plazo ser capaces de prevenir un escenario como el que la ha provocado.

En esta dirección se encuentran ciertos asuntos polémicos que afectan al sector bancario como las exigencias de capital propio que los bancos deberán respetar para ser solventes y la regulación de las primas de los banqueros.

Un sector que este año se encontrará en el centro del debate es el del transporte. En primer lugar se espera que a lo largo de 2013 se impongan nuevos límites a las emisiones de CO2  a los automóviles dentro de las medidas de lucha contra el cambio climático. Además, se revisarán los derechos de los pasajeros para mejorarlos mediante una actualización de la actual legislación. Se buscará el fomento de la competencia en el mercado nacional de pasajeros del transporte ferroviario en concreto y aumentar la independencia entre los operadores y los propietarios de las infraestructuras.

También el sector del tabaco está previsto que sufra nuevas modificaciones en su marco regulatorio que afectarán a su comercialización y que están dirigidas a la reducción de su consumo.

Otras iniciativas legislativas que serán debatidas en las instituciones europeas se refieren a los llamados alimentos transgénicos o genéticamente modificados, la protección de datos privados o la presencia obligatoria de las mujeres en los consejos de administración de las empresas, entre otros asuntos que tendrán incidencia sobre la realidad de los distintos países que forman parte de la Unión Europea.