Posposición de elecciones en Dominicana abre una nueva situación electoral en medio del COVID-19

Fotografía: Presidencia de la República Dominicana

Santo Domingo
21 de abril de 2020

La OEA rinde informe crítico con JCE por voto automatizado en las municipales y descarta intento de fraude

Mientras el COVID-19 se expande, concentrando la atención de la opinión pública al igual que el esfuerzo de los diferentes actores públicos y privados para combatir sus efectos, dos noticias de carácter político rompen con la rutina y nos recuerdan que estamos en periodo electoral. Por un lado, la posposición de los comicios presidenciales y congresuales para julio. Por otro, la publicación de los informes de OEA y UNIORE sobre lo ocurrido el 16 de febrero y que procovó la suspensión de las municipales, que se celebraron el 15 de marzo.

Posposición elecciones presidenciales y congresuales

La Junta Central Electoral (JCE) emitió el pasado 13 de abril la Resolución 42-2020, mediante la cual pospuso “a causa de fuerza mayor por emergencia sanitaria” las elecciones presidenciales y congresuales que estaban pautadas para celebrarse el 17 de mayo. En la resolusión se establece que tendrán lugar el 5 de julio. En caso de necesitarse una segunda vuelta, ésta se llevaría a cabo el 26 de julio.

A raíz de la expansión del Covid 19 en el país, y del fortalecimiento de las medidas de prevención con el cese casi total de las operaciones productivas nacionales, el aislamiento de la población en sus hogares, así como las restricciones a la circulación y movilidad humana, las posibilidades de que las elecciones se celebraran el próximo mes eran remotas. Había prácticamente consenso entre las fuerzas políticas del país sobre la necesidad de posponerlas. Faltaba el acuerdo sobre la nueva fecha. La JCE lo ha resuelto, a la vez que ha provocado un debate sobre su facultad para hacerlo.

Los principales constitucionalistas del país coinciden en que tanto el artículo 211 y 212 de la Constitución da la potestad normativa y reglamentaria a la JCE para adoptar decisiones que vinculen a todos los partidos políticos y demás actores del sistema político nacional, así como a la población en general, en todo lo que tiene que ver con la organización y gestión de los procesos electorales de la República Dominicana. Otras voces indican que, como la Constitución establece fechas específicas para las elecciones, cualquier resolución que establezca nuevas fechas es inconstitucional en virtud de su artículo 6, que establece que cualquier resolución contraria a la Constitución es nula.

Independientemente de la validez jurídica de la medida, la realidad se impone. Y la percepción que prevalece es que sobran méritos para la posposición y búsqueda de soluciones factibles en las condiciones actuales y dada la magnitud de la crisis nacional y mundial que estamos viviendo y que ha desatado una emergencia sanitaria.

Fracaso del voto automatizado: la JCE falló

Como resultado de la suspensión de las elecciones municipales debido al fallo del voto electrónico, y de las demandas de la sociedad de una investigación independiente e imparcial, la JCE solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Interamericana de Organismos Internacionales (UNIORE) la realización de sendas investigaciones de lo acontecido ese fatídico 16 de febrero que tanta indignación causó en la población. El pasado 13 de abril fueron publicados los resultados de estas investigaciones.

La OEA carga contra área informática

La auditoría realizada por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) y del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), ambas instancias de la OEA, tuvo como objetivo “identificar la o las causas por las cuales no fue posible la correcta implementación del voto automatizado”.

Mediante una metodología que incluyó análisis de 12 documentos básicos y otras evidencias documentales, siete componentes tecnológicos (como equipos, bases de datos y softwares), y entrevistas a 20 personas, miembros de la Dirección Nacional de Elecciones y de la Dirección de Informática de la JCE, los auditores lograron identificar 21 fallas o problemas que causaron la no correcta implementación del voto electrónico en aquella ocasión.

Principales conclusiones:

• El Informe de auditoría indica que debido a un defecto del software de la JCE, la personalización de urnas (oferta de candidatos) se hizo sin adecuados controles de integridad de la información, lo que provocó que faltaran candidatos elegibles. A esta deficiencia, que no fue identificada previamente por la falta de testing del software y controles de calidad, le atribuyen una serie de incidencias posteriores que llevaron a la Junta a suspender las elecciones.
• Quedó además evidenciada la falta de planes de mitigación que permitiesen corregir los errores y fallas identificados en las ofertas electorales incompletas, así como en el funcionamiento de los equipos y componentes tecnológicos; para lo cual los auditores de la OEA no encuentran explicación.
• Por último, no se encontraron evidencias de ataques externos o sabotaje, ni de intento de fraude.
• Responsabilizan de lo ocurrido a la Dirección de Informática de la JCE por “incapacidad técnica” para la implementación del voto automatizado, el cual recomiendan dejar a un lado.
• El informe completo de la OEA puede ser descargado aquí.

UNIORE: no solo una cuestión técnica

Con el objetivo de “evaluar -desde una perspectiva técnica-, los incidentes relacionados en específico a la boleta electrónica utilizada en las elecciones municipales del 16 de febrero, UNIORE realizó una misión técnica de tres días al país. En ese período realizó tres reuniones grupales con los miembros de la JCE, sudirectores de la Dirección de Informática y con el personal de la Dirección de Elecciones. También realizó tres laboratorios, cada uno con escenarios diferentes para probar el funcionamiento de la boleta electrónica.

Como resultado de esta metodología, los evaluadores concluyeron que se usó una rutina distinta a la utilizada durante las elecciones primarias en el procedimiento de carga de las boletas electrónicas para la personalización de los equipos. Esta rutina no fue suficientemente probada ni contaba con los controles que garantizaran un buen funcionamiento.

Indicaron también que, además de ser de los técnicos de la Dirección de Informática de la Junta, la responsabilidad de las fallas es de una red más amplia de personas. También, que encontraron indicios de falta de mecanismos de control y coordinación interna.

El informe de UNIORE puede ser descargado aquí.

Reacciones

La JCE, a través de su presidente, valoró de manera positiva el informe de la OEA, y lo consideró como “objetivo y transparente”. Anunció también la reestructuración del área de informática.

En el ámbito de los partidos políticos, no ha habido aún posiciones institucionales en reacción a los informes. Sí ha habido manifestaciones de algunos de sus representantes reiterando declaraciones y recomendaciones que habían realizado con respecto a la JCE y el voto automatizado, tanto desde el ámbito de su gestión organizativa como de la seguridad, fiabilidad y manejo de los equipos.

REFLEXIONES FINALES

1. La JCE entra de nuevo en una crisis de confianza. Si bien el voto automatizado ha sido el foco de la crisis, se derivan de él problemas de supervisión, de control de calidad y de operatividad que alimentan el cuestionamiento de la capacidad de sus principales incumbentes para llevar a buen término el proceso abierto. En medio de las dificultades que entraña la gestión de la situación provocada por COVID-19, el trabajo organizativo transparente y con metodología de ensayo-resultado se convierte en algo de suma trascendencia para disipar la mayor cantidad de dudas.
2. Con las nuevas fechas para las elecciones presidenciales y congresuales se calman los temores que existían sobre las limitaciones actuales para la realización de los comicios, previstos iniciamente para el 17 de mayo. Sin embargo, el panorama no está totalmente despejado. ¿Se habrá superado para julio la pandemia y estarán dadas las condiciones para la celebración de las nuevas elecciones? ¿Corremos el riesgo de que llegue el 16 de agosto y no se hayan podido celebrar las elecciones y se cree un vacío de poder? De ganar un partido de oposición, ¿hay suficiente tiempo para el cambio de mando constitucionalmente establecido para el 16 de agosto?
3. Y también queda por verse quién se responsabilizará, y con qué consecuencias, de haber desperdiciado unos 100 millones de pesos que se invirtieron en poner en marcha el sistema fracasado de voto automatizado. Si hubo negligencia, debe haber quien responda. En el país “los muertos de campaña” quedan sin justicia y olvidados. ¿Será el voto automatizado” otro más?
4. El equipo de auditoría de la OEA es enfático al indicar que no se encontraron evidencias de ataque externo, sabotaje o fraude. Sin embargo, considera “sin explicación” la falta de protocolos de control de calidad y testing, así como de planes de mitigación.  ¿Podría considerarse esto como un ataque o sabotaje interno? Ambos informes se limitan a describir las fallas técnicas y los motivos, técnicos también, que las provocaron.
5. Aunque queda descartado el uso del voto automatizado en las próximas elecciones, de este proceso fallido quedan lecciones que pueden ser aplicables para la votación manual. Los controles de calidad en los procesos, la capacitación del personal, los planes de contingencia, la coordinación interdepartamental y el cumplimiento con los plazos establecidos en el calendario electoral son algunas de esas lecciones que se desprenden de estos procesos de auditoría y evaluación, que deben de ser aprovechados por las autoridades electorales para fortalecer sus procesos de gestión electoral.
6. La necesidad de escuchar a los partidos políticos en sus demandas, la importancia de cuidar tanto la comunicación interna como la externa son otros factores que considerar, de cara a las próximas elecciones. De todas formas, los propios partidos tienen que analizar cuál fue su cuota de responsabilidad con referencia a este fracaso, comenzando por la aprobación de la actual Ley Electoral, cuyo contenido ha tenido que ser corregido en más de una ocasión, en cuestiones críticas, por los tribunales correspondientes, incluido el Constitucional.

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