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DE ASUNTOS PÚBLICOS

Ni cordón sanitario ni votos cautivos, simplemente, normalidad institucional

 

Admiro al profesor Rafa Rubio, hasta el punto que me ha costado darme cuenta del porqué de mi discrepancia sobre su artículo. Rafa plantea que excluir a Vox de la Mesa del Congreso de los Diputados, en términos jurídicos, iría contra la necesaria representatividad de este órgano, y en términos políticos, aumentaría su visibilidad desde el victimismo, tan del gusto de los populismos. Rafa reconoce que, pese a que la Mesa del Congreso debería ser expresión de proporcionalidad y 52 diputados es un grupo significativo, lo habitual es que, respetando el sistema de votación para la composición de la Mesa, se aplique algún criterio político. Él mismo lo cita, el PP aisló a Más Madrid con 20 diputados en la Mesa de la Asamblea de la comunidad para dar paso a Vox, con apenas 12. También apunta que lo habitual es permitir una sobrerrepresentación de partidos como el PNV y JxCAT respondiendo a criterios políticos, más que a sus votos.

Pero me interesa más el aspecto político: el autor se posiciona junto a otros muchos que desde la irrupción de Vox en la política española defienden que un “estado de excepción democrática” frente al populismo crea “mártires y aumenta su visibilidad”, y su contrario, en el “foro institucional (…) se debilitan las opciones antipolíticas y (…) obliga a salir de la retorica incendiaria”.

Voy a pasar por alto la afirmación de que aislar a Vox en la Mesa del Congreso supone “desplazar el tablero político a la izquierda” (¿desaparecen los 52 votos de Vox en el pleno?), pero no que el PP (quien debe prestar sus votos para que Vox entre en la Mesa) depende en todas las instituciones en donde gobierna, en todas, de los votos de Vox, lo que lo convierte en rehén y lo inhabilita para mantener una posición mínimamente autónoma.

Vox lleva entre nosotros un año. Las elecciones al Parlamento de Andalucía fueron justo en diciembre de 2018, desde entonces hemos celebrado cuatro elecciones, municipales, europeas, unas generales y su repetición, y Vox ha aprovechado esta sobreexposición electoral para definirse. Hoy, Vox ya no es una incógnita. Si en diciembre tenía sentido defender el derecho a integrarse en la institucionalidad, para que la política moderase sus aspiraciones (yo así lo hice), hoy esta defensa es de una ingenuidad suicida. Vox ha tomado otro camino, ha demostrado que no está aquí para hacer política, que la institucionalidad es lo que paga sus facturas y les da un altavoz mediático desde el que radicalizar su mensaje, incluyendo la negación del dolor ajeno y, dicho con todas las reservas legales, la incitación al odio.

Esta evolución responde a tres factores. El primero es la inusitada humillación que Vox ha recibido por parte de sus socios. Si se les quería integrar para moderar, firmar acuerdos de coalición con reparto de sillones y luego negárselos para salvar la cara de Ciudadanos no ha sido el mejor camino. Los acuerdos de investidura han sido de todo menos normalizadores, han acentuado la excepcionalidad que se quería evitar. Hoy, Vox es un socio a la vez imprescindible y apestado y, hay que decirlo, existían alternativas. En segundo lugar, Vox no tiene responsabilidades de gestión que lo obliguen a confrontar sus disparatadas propuestas con la realidad, lo que sí tiene es la capacidad de provocar crisis nerviosas a los responsables del PP cada vez que utiliza la tribuna, con ningún coste y excelentes réditos mediáticos para Vox. Y en tercer lugar, la evolución hacia la violencia callejera del conflicto catalán y el error de la repetición electoral han puesto en bandeja a Vox la oportunidad de dar un salto, no hacia la moderación y el respeto, sino hacia la destrucción de la convivencia, señalando a la víctima como culpable, mintiendo sobre soluciones imposibles a problemas ciertos, utilizando su legítima posición institucional en los parlamentos y ayuntamientos, no para hacer política, sino para arrastrar a la derecha hacia la ruptura de consensos básicos por el simple interés de partido.

Recordemos, es bueno hacerlo, que el PP gobierna con Cs gracias a los votos de Vox en comunidades donde es la segunda fuerza política después de una inmensa perdida de apoyo popular. Esto no le quita legitimidad, pero pone en contexto el valor de su dependencia y de la incomprensible actitud de Cs, que ya ha pagado en las urnas.

¿Y qué tiene esto que ver con la Mesa de Congreso? Pues todo. La política va justo de ‘hechos’ y ‘resultados’, no (solo) de procedimientos. Vox, hoy, con la ayuda de todos, no camina hacia la institucionalidad, ha demostrado que la política es instrumental y la degradación de la convivencia un simple daño colateral. Eso es lo que tendrá que explicar el PP cuando preste sus votos a Vox para facilitarle un nuevo altavoz institucional sin que ello lo obligue a la más mínima corresponsabilidad política.

El diputado de Vox Javier Ortega Smith, al recoger su acta en el Congreso. (EFE)

 

Entonces, ¿cordón sanitario? No. Ni cordón sanitario ni préstamos (cautivos) de votos. Simplemente, normalidad democrática y mejores acuerdos.

Lo primero que hay que aclarar es que Vox no tiene suficientes votos por sí mismo para lograr un puesto en la Mesa, otro grupo debe prestarle votos. El PSOE, sin ir más lejos, prestará votos a Podemos, que a su vez votará a la presidenta del Congreso, previsiblemente socialista, lo que responde a un acuerdo de gobierno del que los dos partidos deberán dar cuenta. ¿A cambio de qué el PP prestará sus votos a Vox? No se trata de cordones sí, cordones no, sino de explicar a cambio de qué el PP dará mayor protagonismo a Vox del que este ha ganado en las urnas.

Cuando la izquierda plantea excluir a Vox se equivoca, no hay que excluir a nadie, pero tampoco votarlo. Hay que alcanzar el mejor acuerdo para garantizar el mejor funcionamiento de la Mesa del Congreso. ¿Es mejor, por ejemplo, un acuerdo que mantenga a Ciudadanos? Pues normalidad y responsabilidad, la que subyace de los ‘hechos’ y los ‘resultados’. La pregunta no es sobre el cordón, ni sobre la representatividad de la Mesa, ni sobre ninguna ‘excepcionalidad democrática’ para combatir a la extrema derecha, la pregunta es si podrá el PP superar el ataque de nervios que le genera su dependencia de Vox.

Pero este, coincido con Rafa, no es el debate sustantivo, y el procedimiento y la anécdota, por importante que sea, no debe ocultar que, en sus palabras, “la fórmula para combatir el populismo sigue inédita”.

En mi opinión, Vox, que no solo es populismo sino extrema derecha reaccionaria, tiene muchos padres. En términos políticos, la paternidad más relevante ha sido la necesidad del independentismo catalán de confrontar con la peor España para justificar así que la convivencia no es posible, Vox le debe mucho a Puigdemont, Torra y demás lideres, que han hecho del conflicto una maquina de miedo, alimentada por igual por el nacionalismo español de una parte de PP y sobre todo por Ciudadanos. Pero igual responsabilidad tiene la angustiosa ‘superioridad moral de la izquierda’, a la vez que su incapacidad para cumplir las promesas de equidad y progreso para con los más vulnerables. La primera es una causa castiza, la segunda, un problema en todos los países avanzados azotados por los efectos indeseados de la globalización. La receta contra los nativismos es viajar, y dialogar. La receta para evitar la sensación de estar quedándose fuera de la sociedad es la inclusión, económica y también en términos de dignidad. Justo por estos motivos los cordones sanitarios sobran, como sobran las descalificaciones de falta de pureza de sangre constitucional.

La respuesta es la normalidad institucional (respetando al votante) y el permanente combate de las mentiras, las defienda quien las defienda. Y añadiría, algo de astucia para no facilitar, bajo falsos debates funcionales, más protagonismo a quienes aprovechan el dolor para causar más dolor.

Tribuna de Joan Navarro originalmente publicada en El Confidencial.