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DE ASUNTOS PÚBLICOS

La propuesta de reforma tributaria reactiva la tensión social y política en Colombia

Manifestación Colombia

A raíz de la presentación del proyecto de reforma tributaria el pasado 15 de abril por parte del Ministerio de Hacienda, desde el 28 de abril se dio lugar al denominado Paro Nacional generalizado en las principales ciudades de Colombia con movilizaciones y protestas desde distintos sectores sociales en contra de algunas políticas de Gobierno, desatando una alta tensión social y política en medio del tercer pico de la pandemia por el que atraviesa el país.

La contracción económica del país (-6.8%) durante el 2020, el crecimiento de la pobreza (+6.9% frente a 2019), el aumento del déficit fiscal (7,8% del PIB), la caída de los ingresos tributarios por la pandemia y la necesidad de mantener varios programas sociales de transferencias monetarias, fueron los principales motivos que justificaron dicha reforma. Sin embargo, la propuesta fue blanco de críticas por abordar temas sensibles como la ampliación del impuesto a la renta a personas de ingresos medios y el IVA a productos de la canasta básica. Líderes de la oposición y de organizaciones sociales, convocaron al Paro Nacional el cual se ha prolongado durante 6 días siendo masivo en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín y estando marcado por hechos de violencia y de actos de vandalismo principalmente contra la infraestructura de transporte público.

¿DE DÓNDE VIENE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL?

A finales de 2019, a raíz de la situación de inseguridad del país, de pronunciamientos de funcionarios del Gobierno en contra de la institucionalidad del Acuerdo de Paz y de la solicitud de mayores recursos para la educación, se gestó el Comité Nacional del Paro conformado por sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación Nacional del Trabajo y FECODE, entre otros. Igualmente, líderes políticos de la oposición como el candidato presidencial Gustavo Petro y senadores como Gustavo Bolívar y Jorge Robledo, convocaron a las marchas en su momento en contra de las políticas del gobierno de Iván Duque debido a la muerte de líderes sociales.

En ese entonces, el Paro Nacional dejó como resultado la creación de las mesas de Conversación en ejes como educación, salud y recursos fiscales. Sin embargo, no se evidenciaron resultados concretos en este frente1 y la llegada de la pandemia al país, suspendió por un tiempo las manifestaciones sociales que se habían gestado.

A comienzos de 2021, el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda, lanzó a la opinión pública algunas de las ideas que explicaban la necesidad de plantear una reforma tributaria que hiciera frente a la situación fiscal que había dejado la crisis económica desatada por la pandemia. Teniendo como insumo el informe presentado por la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, los puntos principales planteados por este gabinete ministerial, incluían propuestas de ampliación del IVA a la canasta familiar, la expansión de la base gravable del impuesto de renta, el impuesto a la riqueza, entre otros.

Esta serie de noticias que iba entregando paulatinamente el Gobierno y la creciente crisis económica por los nuevos cierres y cuarentenas durante tercer pico de la pandemia, llevaron a que las organizaciones convocaran nuevamente a los ciudadanos a salir a las calles en señal de protesta por la que consideraban una reforma que afectaba a la clase media y privilegiaba a los más poderosos del país.

A este descontento se sumaron varios líderes políticos no solo de la oposición política, sino figuras como German Vargas Lleras de Cambio Radical y César Gaviria líder del Partido Liberal, quienes alzaron su voz con fuertes críticas al Gobierno por la que consideraban una propuesta que no había sido consensuada ni socializada y que afectaba a una gran parte de la ciudadanía en medio de la peor crisis económica de los últimos años.

Resultado de esto, todas las organizaciones civiles del Paro Nacional convocaron a manifestaciones desde el 28 de abril que han dejado como resultado una reforma tributaria que tuvo que ser retirada por el Gobierno y la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en medio de una fuerte crisis de gobernabilidad.

LA NECESIDAD DE REFORMA

El Gobierno Nacional argumentó la necesidad de la reforma en el déficit adquirido para atender la pandemia, el cual podría poner en riesgo la calificación crediticia del país. Es preciso mencionar que, durante el tiempo de pandemia, el gobierno activó  iniciativas como Ingreso Solidario y el Programa de Apoyo al Empleo Formal. El primero ha beneficiado a más de 3 millones de hogares y el segundo, ha ayudado a proteger cerca de 4,1 millones de empleos.

La permanencia de estos apoyos a las poblaciones más vulnerables depende en gran medida de la capacidad del Ejecutivo de encontrar nuevas fuentes de financiamiento. Paralelamente, se han presentado propuestas y alternativas de recaudo como la venta de activos estatales como ISA para sostener estos programas sociales.

Fitch Ratings y Standard & Poor’s recibieron favorablemente la propuesta de modificación al sistema fiscal y el Ministerio de Hacienda justificó la necesidad de obtener recursos por $24 billones para garantizar la continuidad de los programas sociales como Ingreso Solidario, el PAEF y la educación universitaria gratuita para estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, estos puntos redistributivos no lograron tener impacto en la opinión pública ni en las organizaciones sociales.

Entre las medidas que contenía la reforma, se incluía la derogación de exenciones tributarias al IVA, ampliar la base gravable del Impuesto a la Renta, crear un impuesto solidario a los altos ingresos, avanzar en los impuestos verdes, entre otras. Los dos primeros puntos fueron los que generaron mayor descontento social por afectar directamente a la clase media.

Por este motivo, los partidos políticos de oposición y otros independientes como Cambio Radical y Liberal, mostraron su negativa a apoyar el proyecto. Los partidos de gobierno como el Centro Democrático, el Conservador y La U, dijeron que apoyarían la iniciativa, pero bajo el cumplimiento de ciertos requisitos como no tocar el IVA a la canasta familiar.

EL RETIRO DE LA REFORMA

Previo a la presentación de la reforma, ya el ambiente político y social dejaban prever la difícil situación que iba a tener que afrontar el ejecutivo para sacar adelante su propuesta.

La convocatoria del Paro Nacional se dio entonces para el 28 de abril de manera masiva en las principales ciudades del país a pesar de llamado a no generar aglomeraciones por parte de las autoridades sanitarias. Además, en centros urbanos intermedios también se adelantaron jornadas de paro que continúan hasta la fecha de este escrito. Cali fue uno de los epicentros del paro nacional, pero incluso pequeñas ciudades como Madrid o Facatativá, en el departamento de Cundinamarca, también adelantaron protestas.

En medio de las marchas de los últimos días también se han registrado hechos de violencia y disturbios. En Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Meta, entre otros lugares del país, se presentaron afectaciones contra entidades bancarias, edificios públicos, infraestructura de transporte y monumentos históricos. Igualmente se ha reportado por parte de la Defensoría del Pueblo al menos 17 muertes y más de 400 heridos entre protestantes y cuerpo de policía.

Como consecuencia de estos eventos, en horas de la noche del 30 de abril, el Presidente Duque autorizó la asistencia militar a las ciudades con el fin de contener los hechos de violencia, decisión que fue criticada por algunos alcaldes como Claudia López y Daniel Quintero4 quienes dijeron públicamente que no solicitarían el apoyo de las fuerzas militares. Sectores de oposición al gobierno nacional argumentaron que este tipo de decisiones correspondían con un gobierno autoritario.

Después de que las protestas se prolongaran durante el fin de semana, el 02 de mayo el Gobierno solicitó al Congreso el retiro de la reforma. En su alocución, el Presidente Duque hizo un llamado a tramitar de manera urgente una nueva propuesta a través de consensos con los partidos políticos explicando que su trámite es necesario para no generar incertidumbre financiera.

A la fecha el resultado del paro que se ha prolongado por 6 días, es el retiro de la reforma del Congreso y la renuncia del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y su viceministro Juan Alberto Londoño.

LO QUE VIENE

Al igual que lo explicó el Presidente Duque, Fedesarrollo, Anif y múltiples economistas del país, existe en el país la necesidad de tramitar una nueva reforma fiscal que le dé estabilidad a las finanzas. Además, también argumentan que los recursos permitirán ampliar el gasto público que se ha ejecutado desde el inicio de la pandemia.

Entre las nuevas opciones se contempla una sobretasa a la riqueza, la reducción del tamaño de Estado, avanzar con los impuestos verdes, entre otras medidas. Por ahora, el gobierno comenzará un proceso de construcción conjunta con los partidos políticos y otros sectores sociales de lo que será la nueva reforma tributaria.

Nada garantiza que las movilizaciones y el paro terminen más aún, cuando nuevas temáticas como la reforma al sistema de salud y a las instituciones de la fuerza pública se han sumado a las peticiones de los manifestantes.

El futuro de un nuevo proyecto de reforma tributaria y de las movilizaciones seguirá siendo incierto hasta tanto no se conozca un texto o propuestas oficiales y no se visibilice en la opinión pública la participación de distintos sectores sociales en un diálogo nacional.

Luz Ángela Sánchez Casadiego

Directora Senior Asuntos Públicos

Graduada en Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniera “Julio Garavito”, tiene una maestría en Administración de Empresas y una especialización en Reputación Corporativa de la Universidad Externado de Colombia.

Ha desarrollado su trayectoria profesional en empresas multinacionales del sector industrial colombiano estando al frente de varios procesos como logística, servicio al cliente, comercial y Asuntos Institucionales. Destaca su defensa del sector productor de acero colombiano como presidente de junta del Comité Colombiano de Productores de Acero de la Andi. En LLYC es responsable de Asuntos Públicos bajo una visión empresarial, que permite a sus clientes mantenerse informados del entorno legislativo e identificar riesgos y oportunidades dentro de la operación del negocio.