La ley de mutuas, hacia el Senado
La nueva Ley de mutuas ha empezado a andar solo con los votos favorables del PP, pero el partido de Gobierno no cierra la mano, y se ofrece a seguir negociando mejoras con la oposición durante su tramitación en el Senado que se inicia a partir de ahora. En la Comisión de Empleo del Congreso, los populares se quedaron solos en el apoyo al nuevo texto, con la abstención de CiU y UPyD.
La modificación de la ley se fija como objetivo eliminar la burocracia en la tramitación de los expedientes de incapacidad temporal, que las mutuas podrán controlar desde el primer día, a pesar de que la decisión final del alta del paciente continuará estando en manos de los facultativos de los servicios públicos de salud.
El Gobierno quiere reforzar el control sobre los fondos que controlan las mutuas y poner el foco sobre estas entidades, como recomienda el Tribunal de Cuentas, que detectó deficiencias en los informes de fiscalización de las mutuas y propuso una batería de medidas para mejorar su funcionamiento.
Entre estas propuestas, la nueva norma a la que la cámara baja ha dado luz verde, fija reglas sobre el destino de las reservas y los excedentes del sistema para que no haya recursos ociosos, endurece las fórmulas de gobernanza y facilita el acceso a la prestación por cese de actividad.
El paquete normativo incluye ajustes y modificaciones que afectan a la prestación de la baja laboral en los primeros 365 días, a través del Real Decreto que regula la gestión y examen de los procesos de incapacidad temporal durante el primer año.
La nueva Ley de mutuas también modifica la periodicidad de la renovación de los partes de baja, de forma que los trabajadores no tendrán que desplazarse de forma semanal para recogerlos, sino que se ajustarán a la previsión de seguimiento clínico de la enfermedad.
Durante su tramitación en el Congreso, los grupos de la oposición propusieron limitar la cobertura obligatoria de las mutuas a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales para que no se puedan derivar los sectores de más riesgo a los servicios públicos de salud de la Seguridad Social.
A juicio del PSOE, la nueva Ley de Mutuas permite la injerencia en el ámbito sanitario para introducir la gestión privada de la sanidad. Los socialistas consideran también que, a pesar de las modificaciones introducidas, no se mejora de forma suficientemente eficaz el control y la gestión de los recursos públicos de las mutuas. En palabras de la diputada socialista Concha Gutiérrez, la nueva normativa «avanza algo pero queda muy corta».
Para el grupo de Izquierda Plural, el nuevo texto es «la oportunidad perdida» para conseguir solventar las carencias del sistema de mutuas y crear un marco legal del siglo XXI. El portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Empleo, Gaspar Llamazares, sí valora, en cambio, los avances que se introducen en la gobernanza de las mutuas.
UPyD considera que la nueva norma avanza en algunas materias, como el control de las retribuciones, aunque cree que la modificación resulta insuficiente, y es por ello que decisión abstenerse en lugar de votar en contra, que era la opción que barajaba el grupo. También se decantó definitivamente por la abstención CiU, que, aunque admite que existe un avance en el control de las mutuas, opina que este elemento resulta insuficiente para comprometer un voto positivo a la nueva ley.