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DE ASUNTOS PÚBLICOS

La educación que viene. ¿Hacia la cocreación público-privada?

Con el curso académico en su recta final, a falta sólo de los últimos exámenes y de la EBAU, parece oportuno el análisis de las perspectivas futuras del sistema educativo español. En España, casi 10 millones de estudiantes han perdido su rutina escolar. Se han enfrentado a un final de curso insólito, con clases y evaluaciones a distancia, reducción en su socialización, más concreción en los contenidos y abocados más que nunca a «aprender a aprender», sin la tutela presencial de sus docentes.

El informe «Efectos del coronavirus en la educación» de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) señala que los alumnos perderán de media un 11% de los conocimientos que se adquieren en un curso escolar y advierte de la brecha que la situación puede producir en el caso de los alumnos rezagados.

Con esta premisa, las administraciones y los centros educativos se enfrentan a un comienzo de curso en el que el objetivo fundamental será recuperar la normalidad académica y emocional de la forma más efectiva y rápida posible. Pero, ¿es eso suficiente? El de la Educación es un ejemplo de un ámbito en el que la agenda regulatoria en marcha (reactiva y cortoplacista) dista de la agenda política necesaria (proactiva, largoplacista y disruptiva). El riesgo lampedusiano es la obsolescencia regulatoria. Nuevas regulaciones, sí, pero caducas de origen. La COVID-19 ha cambiado algunas preguntas, pero eso no explica por sí solo el enorme desajuste de ambiciones entre lo que es y lo que debería ser en política educativa. De eso habla el Informe sobre la Educación tras la COVID-19 publicado esta semana.

Retos de la nueva ley de educación

Apenas diez días antes de la declaración del Estado de Alarma, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica, por el que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y que regula la enseñanza no universitaria y supondría la efectiva derogación de la LOMCE.

El debate parlamentario sobre la futura norma deberá acoger también los retos y oportunidades a los que nos aboca la situación que estamos viviendo, desde los desfases en el aprendizaje de los alumnos, las inequidades que el confinamiento haya podido provocar o sacar a la luz, las posibilidades de la educación digital o el planteamiento del rumbo que deben tomar las formas de enseñanza y los contenidos.

En la agenda se encuentra la modificación de los currículos, para pasar de un modelo memorístico a otro más competencial y que además sea compatible con el aprendizaje a distancia. Para ello, será fundamental la digitalización de las enseñanzas, a través de la mejora de la conectividad y las plataformas de aprendizaje, el estudio de nuevas metodologías y la creación de recursos educativos digitales de calidad.

Ahora más que nunca es el momento de la Formación Profesional, particularmente de la semipresencial y a distancia, y en aquellas titulaciones con más posibilidades de inserción laboral en el escenario postcrisis.

La enseñanza universitaria

La crisis de la COVID-19 supone para la enseñanza universitaria un reto en cuanto a la evolución pedagógica y de objetivos. Ya antes de la crisis, el ministerio de Universidades tenía en marcha la elaboración de un decreto, que entrará en vigor previsiblemente en septiembre, para renovar la ordenación de las enseñanzas universitarias. La nueva norma plantea entre sus objetivos la mejora de la empleabilidad de los egresados y la «singularización del proyecto académico» a nivel título o centro.

Entre los desafíos que se le presentan al sistema y al sector se encuentran el nuevo peso de la docencia online, que tendrá que ser de calidad y conseguir para los alumnos la misma experiencia académica que la modalidad presencial.

Se abre un horizonte donde las universidades deberán distinguirse con una oferta lo más diferenciada posible, con el foco en las titulaciones que distinga sus facultades en función de su ámbito de especialización. Si a esta oferta se le incorpora su equivalente a distancia, podría contribuir a la atracción de los alumnos internacionales como alternativa al programa Erasmus en el caso de que el próximo curso no fuera posible los desplazamientos de estudiantes.

El objetivo es sobresalir, pero también competir con las nuevas formas de conocimiento y acreditación que han surgido a través de formación no reglada en plataformas online, cada vez más populares. Sirva de ejemplo que entre mediados de marzo y mediados de abril la plataforma Coursera incrementó sus matrículas en un 370% con respecto al mismo periodo del año anterior.

La singularidad de las titulaciones debe contemplar un enfoque aún mayor hacia el ámbito profesional, para adaptarse a la empleabilidad y a su contribución social, con la posibilidad de ahondar en la combinación universidad-FP.

Estas cuestiones requieren de la participación activa y leal y de la experiencia del sector en su conjunto, tanto de las instituciones educativas públicas y privadas, de los docentes, de las asociaciones, así como de los operadores tecnológicos o editoriales de libros de texto. De alguna forma tenemos la oportunidad de desarrollar una cocreación público-privada en el desarrollo y en la implementación de las políticas públicas, que haga posible lo más cercano a un Pacto Estatal por la Educación, que impulse nuestra competitividad-país. Pero, si no se han dado hasta la fecha las condiciones para la colaboración entre partidos ni para la colaboración público-privada, esa cocreación resulta inalcanzable.

Artículo originalmente publicado en El Economista.

Elaborado por Carmen Muñoz, Directora Senior de AAPP en LLYC y Cristina Álvarez, consultora especializada en comunicación.