El área de Asuntos Públicos ha realizado una entrevista al secretario federal de Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán. La entrevista ha sido realizada por la periodista Marta Matute.

Hugo Morán: “La transición debe ser justa y, si es necesario, retrasaremos el cierre del carbón”

Devolver la seguridad jurídica al sistema energético, recuperar el diálogo con las empresas y con la sociedad, elaborar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y favorecer una transición justa para los más vulnerables, territorios y ciudadanos, éstos son los cuatro pilares de la nueva política medioambiental del Gobierno de Pedro Sánchez. De todo ello, y de la derogación del llamado ‘Impuesto al Sol’, de los plazos escalonados de cierre de centrales, de los beneficios de la economía circular y de la deuda del Cástor, nos habla en esta entrevista Hugo Morán, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE.

 

¿Por qué un ministerio de Energía y Clima?

A nuestro juicio, no sería creíble un compromiso político en materia de cambio climático si el ministerio que tiene que abordar este problema no cuenta con las herramientas energéticas necesarias para llevar a cabo las actuaciones de adaptación y mitigación. Lo contrario, habilitar una cartera de Transición Ecológica y que su responsable no tenga en sus manos los recursos jurídicos para modular la política energética y medioambiental, sería un brindis al sol.

Y, además, este modelo replica las estructuras de la Unión Europea.

Efectivamente, las estructuras ya están lo suficientemente asentadas a nivel internacional como para saber que es necesario ir por ese camino. De hecho, lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años es que la estanqueidad de los dos departamentos, Energía, en manos de Álvaro Nadal, y Clima, dependiendo de Isabel García Tejerina, se ha traducido en la imposibilidad de sacar adelante la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Si tuviese que marcar distancias con el PP y señalar los elementos que van a definir la política de Energía y Clima del PSOE ¿qué diferencias mencionaría?

Creo que el gran reto que tiene el nuevo Gobierno es colocar a la sociedad frente al problema del cambio climático. Será muy difícil activar medidas que, en último término, van a significar cambios en los patrones de conducta, especialmente de consumo y producción, si el conjunto de la sociedad no es consciente de la necesidad imperiosa de modificar esos patrones, si desconoce cuáles serán a la larga los beneficios que traerá el cambio. La sociedad tiene que saber con claridad a dónde tenemos que ir, cómo vamos a llegar y qué responsabilidad corresponde a cada quien en este proceso.

¿Quiere decir que las políticas energéticas y climáticas nos conciernen a todos?

Así es, atañen a toda la sociedad. Todos debemos ser agentes del cambio, desde la mayor industria del país hasta el último consumidor del último punto del territorio. Por eso, tenemos que hacer ver a los ciudadanos que será imposible alcanzar los objetivos climáticos si no ponemos todos de nuestra parte, porque en este contexto hablamos de energía, pero también hablamos de movilidad, hablamos de consumo de agua, hablamos de patrones productivos… En los últimos años, el debate sobre el desafío climático y la política energética se ha circunscrito al ámbito político, sin embargo, a nuestro juicio, estas materias deben convertirse en un gran revulsivo de debate ciudadano. Y para mí esa es la gran tarea que tenemos por delante, como partido y como Gobierno. Sin subestimar, claro está, la toma de decisiones, que con urgencia se traducirán en herramientas legislativas.

Ustedes tienen varias iniciativas en el Congreso de los Diputados. La Proposición de Ley de Autoconsumo, que, entre otras cosas, propone derogar el llamado ‘Impuesto al Sol’, la modificación (vía enmienda) de la Ley del Sector Eléctrico para otorgar “un especial retributivo” a determinadas instalaciones de Renovables y la Proposición de Ley para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural y otros combustibles gaseosos por canalización.

También hemos presentado una Proposición de Ley que prohíbe la extracción de hidrocarburos en el mar junto a las costas… Es una de las pocas iniciativas que pasó el veto del Gobierno y nuestra intención es activarla. Siguiendo el modelo francés, que ya lo ha incorporado, consideramos que es necesario prohibir la explotación y extracción de hidrocarburos en todas las aguas litorales del Estado.

Sin embargo, el control de la Mesa del Congreso sigue estando en manos del Partido Popular y Ciudadanos.

Uno de los principales problemas que tiene en la actualidad el sector energético es su inseguridad jurídica. Todo está judicializado, muchas de las normas aprobadas por el PP han sido recurridas y estamos en un proceso de arbitrajes a nivel internacional. El sistema está en situación de stand by porque nadie, ningún agente económico, está en condiciones de tomar decisiones, ante la incógnita de si obtendrá un retorno razonable de las inversiones que realice.

Devolver la seguridad jurídica es, pues, una prioridad.

Sin duda. Es una de nuestras máximas prioridades. Decir que se va a recuperar la seguridad jurídica para el sistema energético es tanto como decir que se va rescatar la seguridad jurídica para el conjunto del sistema productivo del país; porque, no olvidemos, además, que de esta situación se derivan en buena medida los problemas de fluctuación de precios que afectan a todos los consumidores. El modelo energético español necesita una revisión integral porque tenemos un sistema regulatorio diseñado para un mix tecnológico del siglo pasado. Se han querido hacer algunos “apaños” para adaptarlo a las nuevas tecnologías y lo que ha ocurrido es que el sistema prácticamente ha colapsado.

¿Esto significa que las iniciativas registradas en el Congreso de los Diputados podrían salir de ese ámbito legislativo y volver al Gobierno para ser retocadas?

Desde la oposición es muy difícil hacer una legislación energética de conjunto. Como es conocido, la oposición no tiene todos los recursos técnicos y jurídicos del Gobierno para elaborar una normativa completa, solvente y homologable a la de los países de nuestro entorno. Hasta ahora lo que hemos intentado hacer es incorporar medidas encaminadas a mejorar los vacíos, pero ahora todo eso hay que repensarlo. E incorporarlo a la no nacida Ley de Cambio Climático. Conscientes de que son todos asuntos de enjundia y que van a llevar su tiempo… y que requieren un proceso de diálogo muy amplio. Y sabiendo lo complejo que resultará la elaboración de una Ley de esa envergadura, que puede llevar, tranquilamente, toda una legislatura. Vamos a repensar todas nuestras propuestas y es posible que algunas las “saquemos” del Parlamento para dar al conjunto coherencia.

Pero ¿van a derogar el Impuesto al Sol?

Sí. Ésta es una de las medidas que antes saldrá adelante.

Otra iniciativa que ha despertado mucha expectación es la Proposición de Ley presentada por el PP para modificar el procedimiento de autorización de cierre de centrales.

Esta Proposición de Ley adolece de los mismos defectos que el Real Decreto al que pensaba sustituir, y que en su momento contó con la aprobación de la CNMC. Qué problema tiene, que pretende regular por la puerta de atrás, sin someterla a debate, la prórroga de la vida útil del parque nuclear.

Y de las centrales térmicas.

El parque térmico tiene perfectamente regulado en la situación actual que la potestad para la autorización o denegación del cierre de centrales está en manos del Gobierno. Las centrales, con excepción de las nucleares, están sometidas a un procedimiento de autorización reglada de cierre, y, de hecho, el Gobierno, éste y los anteriores, han venido denegando o autorizando cierres sin que se produjese ningún problema.  Y, además, lo ha hecho con todo el respaldo de la Unión Europea, porque es un mecanismo que con carácter general está incorporado a las legislaciones de todos los países de nuestro entorno y en todos los casos señala que cualquier Gobierno, en cualquier momento, puede prohibir el cierre de una central si ello puede suponer un riesgo para la garantía de suministro.

No es el caso de las centrales nucleares.

La tecnología nuclear está regulada con un mecanismo peculiar, exclusivo. Las empresas no solicitan autorización para cerrar, lo que solicitan es autorización para seguir funcionando, solicitan una prórroga. Basta que una empresa no solicite autorización para seguir funcionando y la central se cierra. Eso fue lo que sucedió con Garoña. El Gobierno, de repente, se dio cuenta de que no tenía las herramientas jurídicas necesarias para obligar a los propietarios a continuar con la actividad.

Entonces, ahora el problema puede volver a plantearse. Los propietarios de las nucleares han dicho que las centrales no son rentables y podría decidir cerrar las instalaciones.

Así es. Éste es un problema que puede volver a plantearse en los próximos años con el resto de centrales nucleares porque los mensajes que está trasladando el sector es que éstas no son rentables. Por eso, frente al plan inicial del PP de prorrogar hasta el año 2050 la vida útil del parque nuclear, el anterior Gobierno necesitaba un instrumento para evitar el cierre, una herramienta jurídica para obligar a las eléctricas a solicitar la prórroga.

El PSOE ha propuesto un cierre ordenado de las centrales nucleares a medida que vayan cumpliendo los 40 años de vida. ¿Eso significa que dan por cerrado el debate?

Lo razonable es hacer lo que el Gobierno del PP no hizo en su momento. El Ejecutivo de Mariano Rajoy utilizó a su grupo parlamentario de forma tramposa para saltarse todas las garantías. Lo normal hubiese sido elaborar un nuevo Proyecto de Ley e, insisto, con todas las garantías, llevarlo al Parlamento para su discusión en el Congreso de los Diputados. Ahora, el PP, como la iniciativa es suya, cuando lo desee puede pedir que se discuta, y nosotros no eludiremos el debate. Pero creemos que esas garantías tienen que darse. Pediremos un informe a la CNMC, que se nos ha hurtado, al Consejo de Estado, que se nos ha hurtado, a ver que dice la Comisión Europea en relación con este tema. Y es necesario conocer la opinión de los interesados. Los propietarios de las centrales nucleares ya han declarado públicamente que las instalaciones no son rentables y, por tanto, utilizarlas como mecanismo para abaratar la energía es seguir sosteniendo una ficción.

Pero la energía nuclear es también una tecnología de respaldo.

Creo que si hablamos de tecnología de respaldo tenemos que pensar en el gas hasta que se produzca el salto tecnológico definitivo, que es el almacenamiento. El gas no está sujeto a grandes incertidumbres de carácter geopolítico y, además, permite manejarlo con una cierta contención en materia de emisiones. Sin olvidar que ahora, cuando hablamos de gas, nos referimos al fósil, y a su alrededor se están produciendo y se van a producir multitud de innovaciones que lo pueden hacer cada vez menos contaminante.

Unidos Podemos no comparte ese discurso. Temen que se recurra al gas como combustible de transición y que éste se instale en el mix energético como una tecnología más, que resulte imprescindible.

En mi opinión, se suelen hacer cálculos con la inercia del pasado, pero la innovación es un elemento que lo va a transformar todo, su aceleración es prácticamente ilimitada. Adelantarnos al futuro es ciertamente difícil. ¿Qué pasará de aquí a 20 años? No lo sabemos. Pero creo, sinceramente, que las nuevas tecnologías nos van a permitir avanzar de una manera cada vez más limpia en materia de descarbonización.

 

Se ha referido usted, al principio de la entrevista, al conocido enfrentamiento entre Álvaro Nadal e Isabel García Tejerina. Ese enfrentamiento tenía paralizado el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ¿Van a utilizar esos documentos como base?

No conocemos esos papeles. Vamos a ver qué ha hecho el anterior Gobierno, y de lo que ha hecho qué es aprovechable y qué no lo es. Y en cualquier caso, y con carácter inmediato, se va a producir una situación que condicionará nuestra estrategia energética. Me refiero al cierre (y acuerdo) en los trílogos de las Directivas de Renovables y Eficiencia Energética, y del Reglamento de Gobernanza.

El anterior Gobierno tenía la intención de incluir el mix energético en el Plan de Energía y Clima y no en la Ley de Cambio Climático. ¿Cuál es la posición del PSOE?

Tiene que ir todo en el mismo paquete. Que la posición del nuevo Gobierno es diametralmente distinta a la del anterior Gobierno es evidente, la propia reordenación de ambos ministerios lo hace visible. Las herramientas energéticas se van a poner al servicio de la política de transición energética y cambio climático y además se va a actuar con el convencimiento de que hay que dejar atrás un mix y un modelo de mercado que ya estaba fuera de época.

La agenda energética y climática del partido socialista quedó definida recientemente en un documento elaborado por su Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía, que presidía la actual ministra Teresa Ribera. Entre sus conclusiones (y compromisos) cabe destacar el cierre ordenado de las centrales térmicas de carbón antes de 2025 ¿Respetará el Gobierno esa resolución?

Esa es la propuesta que hace el grupo de expertos al partido, pero el documento está actualmente sometido a debate, de empresas y organizaciones sociales. Una vez recogidas todas las aportaciones, volverá al Consejo Asesor y con todo ese material este órgano elaborará un segundo documento que, a su vez, pasará a la Comisión Ejecutiva Federal, responsable, en última instancia, de elaborar el informe definitivo.

Pero ¿guiará ese informe la política del Gobierno en materia de Energía y Clima?

Será la posición del Partido Socialista Obrero Español. A partir de ahí, habrá que hacer de la necesidad virtud para confluir, por lo menos, en un mínimo denominador común, y sustentar una política de país, pero todavía tiene un recorrido razonable, y serán muchos los que intervengan.

Quisiera insistir en un punto. El PSOE ha propuesto un cierre ordenado de las centrales térmicas de carbón antes de 2025. Sin embargo, una transición justa exige un plan B para las comarcas mineras, y apenas queda tiempo. ¿Podría retrasarse el cierre más allá de 2025 hasta encontrar una alternativa económica viable?

Sí, tal vez tengamos que retrasarlo. No importa. Uno tiene que hacer lo que sea posible, ni más ni menos. Además, nos enfrentamos a un proceso en el que la decisión del Gobierno es muy importante, pero no lo es menos la decisión de los actores económicos. Aproximadamente el 50% del parque térmico español, independientemente de las decisiones ex novo que hoy se pudieran adoptar, concluye su vida útil en 2020 porque no se ha adaptado a las exigencias de Bruselas, con lo cual queda fuera de normativa y debe cerrar.

El precio del carbono también influirá en el futuro del carbón.

Sin duda. En el momento en que el mercado de carbono llegue a los 20 euros de referencia de suelo, serán los agentes económicos los que tomen las decisiones de cierre, como sucedió en Gran Bretaña. Nosotros, sin embargo, no creemos que debamos cruzarnos de brazos hasta que esto suceda porque eso sería abandonar a los territorios a su suerte. Política es anticipación. Lo contrario sería un gran fracaso de todos.

Una transición justa exige mucho dinero.

Sí, exige dinero, pero también complicidades, no estamos inventando la rueda. Hay procesos de transición justa exitosos, llevados a cabo allí donde se ha producido una confluencia de los agentes económicos, los agentes sociales y las administraciones públicas, y hay procesos que han resultado enormes fracasos, allí donde los procesos se han abordado desde la confrontación política y la incapacidad para coordinar los esfuerzo de todos. Los recursos son escasos, pues sumemos los recursos de todos. Cuánto tiempo y cuántos recursos vamos a necesitar… hay que sentarse y diseñar un plan estratégico. Siendo conscientes de que ningún agente está en contra de la descarbonización, entre todos tenemos que programar el cuándo, el cómo y el hasta dónde.

Abordemos el tema de la fiscalidad. ¿Qué opinión le merece la propuesta que el Comité de Expertos elaboró para el anterior Gobierno?

El camino es ese, sin duda. Pero, de nuevo, la cuestión es cuándo, cómo y a qué ritmo.

 

 

Se refiere a los plazos.

Así es. Todos somos conscientes del impacto que tiene la fiscalidad energética en el IPC, y su efecto de arrastre en los salarios y la competitividad. Por eso, tenemos que modularla de tal manera que, aun alcanzando los objetivos que el propio Comité de Expertos señala, esto es, trasladar señales de precios para propiciar la descarbonización de la economía, ésta no se derrumbe. Es decir, sólo abordaremos un cambio fiscal que tenga un impacto neutro en las economías familiares y en las empresas.

Las críticas al actual sistema de subastas (interumpibilidad/respaldo/renovables) son constantes ¿Van a revisarlo?

Sí, todo el sistema de subastas debe ser auditado. Hay que revisarlo en su conjunto.

En el caso de las renovables, los inversores se quejan de que las reglas no son claras, y que las subastas están diseñadas para industrias con altos costes variables.

Así es. Están diseñadas para un modelo energético en el que todas las tecnologías dependían de altos costes variables, en la mayoría de los casos, indexados a los precios del petróleo, con lo cual ese elemento tenías que tenerlo en cuenta a la hora de retribuir las enormes inversiones que suponía poner en marcha las centrales de generación. No es el caso de las renovables. Por un lado, no siempre estamos ante grandes instalaciones, y con grandes desembolsos iniciales para la puesta en marcha de las mismas, el modelo es totalmente distinto, en él conviven instalaciones individuales, instalaciones colectivas, pequeñas y grandes instalaciones… Y por otro, se trata de una tecnología que apenas tienen costes variables. El actual sistema de subastas es, de nuevo, un parche, están pensado para un modelo energético que ya no existe. Lo que hay que hacer es repensar el sistema y adaptarlo a una realidad energética completamente distinta.

Volviendo a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ¿La Ley del PSOE hará obligatorios los planes de mitigación? Las empresas son reticentes y prefieren que se den señales preferentes, por ejemplo, en la compra pública.

Si las empresas dicen que emitiendo las señales correctas ellas van a cumplir los objetivos no entiendo por qué va a haber reticencias a que los planes de mitigación sean obligatorios. Lo que hay que procurar es establecer una alianza de cumplimiento de objetivos en la cual todos sepamos desde el principio qué capacidad tenemos para llegar.

¿La obligatoriedad debe incorporar elementos punitivos?

Creo que hay que descartar esa posibilidad. Es mejor diseñar un sistema bonus/malus que permita beneficiarse a los que cumplen, pero que, al mismo tiempo, limite las distorsiones de aquellos que incumplen. Pero la transición energética algún grado de obligatoriedad debe tener. Es la única manera de que todos partamos con las mismas ventajas, no puede ser que los que no cumplen se beneficien igual que los que cumplen.

¿Para las grandes y para las pequeñas?

Desde luego. Es verdad que debes modular las obligaciones, pero el principio de “quien contamina paga” tiene que incorporarse a todo el sistema productivo, y para todos, porque, de lo contrario, si el que contamina no paga, pagamos los demás.

¿Están a favor de un sistema de compra/venta de emisiones para el sector privado?

Hasta ahora los mercados de emisiones han tenido sus pros y sus contras… Pero yo creo que este mecanismo, que de alguna manera es un reflejo de las buenas y malas prácticas, debe estar presente en toda la cadena, ya veremos cómo, pero puede ser útil para hacer visible, de nuevo, el cumplimiento y el incumplimiento. Habrá que abrir un proceso de reflexión en torno a esta materia, conscientes de que no será algo que vaya a producirse de hoy para mañana.

Castor. ¿Con el nuevo Gobierno las entidades financieras cobrarán sus deudas?

El problema del Cástor es que está judicializado… Vamos a ver cómo acaba todo. Nosotros recurrimos al Constitucional el pago, pero es evidente que tendremos que cumplir con los compromisos adquiridos… El Gobierno le endosó el problema a Enagás y Enagás ahora es el deudor frente a los acreedores que son los bancos. Vamos a ver qué decisiones se toman, pero lo menos lesivo sería conseguir cerrar un acuerdo de plazos.

Eso es lo que han pedido las entidades financieras.

 

Esperemos que así sea. Porque si no hay consenso serán los tribunales los que decidan. Y todos tendremos que acatar la sentencia.

Se ha aprobado recientemente el paquete de Economía Circular en la UE, siendo uno de los temas claves a nivel medioambiental para los próximos años. ¿Qué plantea el PSOE al respecto?

La economía circular crea nuevas oportunidades económicas para la sociedad y éste es el punto de vista desde el que tenemos que trabajar ¿Qué actividades se pueden beneficiar? Por ejemplo, el diseño ecológico, la reparación y el reciclaje o los servicios basados en el alquiler o el uso compartido de productos. De lo que se trata es de reformular el modelo productivo.

A partir de esta idea, a nuestro juicio y entre muchas cosas, hay que facilitar desde las instituciones públicas entornos favorables para la economía circular y el “green tech” y también proporcionar información fiable y eficaz sobre los efectos de los productos de consumo durante todo su ciclo de vida para que la conversión en residuo sea la única opción final de un producto.

Sobre la gestión de residuos orgánicos, la tendencia hasta el momento era priorizar el compostaje que, en muchas ocasiones, termina de nuevo en el vertedero. ¿Se plantea el PSOE abrir posibilidades comerciales nuevas a estos residuos orgánicos?

Hay que invertir el orden de prioridades. Centrar los objetivos en reducir la generación de residuos, antes que en buscar únicamente respuestas al cómo gestionarlos. En el caso de los orgánicos, y siempre en el marco de la economía circular, el PSOE ha impulsado una iniciativa parlamentaria sobre medidas para combatir el despilfarro alimentario; pero parece lógico que la fracción orgánica sea concebida, al igual que otros residuos, como una materia prima susceptible de retornar al ciclo económico.