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DE ASUNTOS PÚBLICOS

Elecciones Perú: En un proceso cada vez más enrarecido, Pedro Castillo se acerca al triunfo electoral

Fuente: Ap Photo / Martin Mejia

Con tan solo 70,409 votos de diferencia al 99,205% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya parece un hecho la victoria del candidato del partido de izquierda radical Perú Libre, Pedro Castillo, sobre su contrincante en la segunda vuelta de las elecciones generales peruanas, Keiko Fujimori, del partido de derecha conservadora Fuerza Popular.

La contabilización de los votos impugnados en las mesas de sufragio y de las actas observadas por errores formales en los centros de cómputo de la ONPE podría estrechar aún más la diferencia, con un resultado que se acercará al de la segunda vuelta de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski derrotó a Fujimori por 41,057 votos. En porcentajes, la diferencia en el conteo de la ONPE en la elección actual es mínima: 50.201% frente a 49.799%.

En este contexto de definición de fotografía, dos hechos enrarecen el ambiente político: la masiva solicitud de nulidad de actas electorales presentada ante la justicia electoral por Fuerza Popular y controversiales decisiones judiciales tomadas en las últimas horas, que involucran tanto a Fujimori como a Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre que invitó a Castillo a postular bajo sus banderas.

TRAS EL GALOPE DE FUJIMORI, UNA FINAL MILIMÉTRICA

Como reseñamos en la Nota Técnica publicada hace una semana, las últimas encuestas disponibles mostraban ya una diferencia mínima entre ambos candidatos.

Castillo había arrancado la segunda vuelta con una diferencia de doble dígito y captó rápidamente el apoyo de otros movimientos de izquierda, en particular de Juntos por el Perú, una agrupación más urbana y progresista liderada por Verónika Mendoza. Dado su favoritismo inicial y las escasas condiciones y compromisos exigidos por sus nuevos aliados, el candidato de Perú Libre no se “corrió al centro”, como hiciera en 2011 Ollanta Humala, el último candidato presidencial de izquierda en liderar (y, eventualmente, ganar) una segunda vuelta. Además, Castillo siguió liderando una campaña con fuerte foco presencial, a través de mítines y encuentros, pero muy improvisada en su manejo estratégico, político y comunicacional.

Aún cuando Castillo mantuvo su caudal de votación inalterado a lo largo de la segunda vuelta, el candidato de Perú Libre vio acercarse a Fujimori, que sumaba votos con una estrategia de dos aristas que convencían a los indecisos. Por un lado, tanto la candidata como sus aliados y simpatizantes para la segunda vuelta (incluido un enemigo histórico del fujimorismo, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa) enfatizaban los riesgos políticos, económicos y sociales de un viraje hacia el comunismo y/o el chavismo. Por otro lado, Fujimori y su equipo técnico anunciaban bonos y programas de apoyo económico para los grupos más empobrecidos por la pandemia del COVID-19.

Las encuestas y simulacros de votación de la última semana (confidenciales por la prohibición que impone la regulación electoral peruana a publicar encuestas los días anteriores a la votación) confirmaron esta tendencia, con Fujimori liderando por décimas dentro del margen de error, un empate estadístico evidente. El “flash” a boca de urna de Ipsos y América TV mostró un resultado similar (Fujimori: 50,3% – Castillo: 49,7%). Sin embargo, el conteo rápido de actas, también de Ipsos y América TV, arrojó un nuevo empate técnico, pero con Castillo como ganador por el mismo margen que hoy da la ONPE: 50,2% frente a 49,8%.

VOTOS, ACTAS Y FAKE NEWS

Ante un margen tan estrecho, las decisiones de las autoridades del sistema electoral se vuelven cruciales. Sin embargo, el masivo desconocimiento de cómo funciona este, en un contexto de polarización política, parcialización mediática y divulgación de contenido por redes sociales, es campo fértil para la circulación de noticias falsas.

Por ello, es relevante en este espacio reseñar brevemente los hitos y conceptos que caracterizan la etapa de escrutinio y conteo de votos.

  • Actas observadas: Son actas enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE, instancias descentralizadas del Jurado Nacional de Elecciones – JNE) por los centros de cómputo de la ONPE, debido a que advierten en ellas errores materiales, falta de firmas o ilegibilidad, entre otras causales.
  • Actas con votos impugnados: Estas son actas enviadas a los JEE cuando los miembros de mesa o los personeros de cualquiera de los partidos impugnan votos específicos. Ante ello, el acta y los votos impugnados son enviados a los JEE, los cuales deciden, de forma inapelable, el destino de las impugnaciones. Ocurrido ello, el acta regresa a los centros de cómputo de la ONPE para ser contabilizada según el criterio acordado por el JEE respectivo.

El dato de que ha habido “miles de actas impugnadas por Perú Libre” es uno de los fake news más recurrentes de estos días. En la noche del 9 de junio, la ONPE reportaba 433 actas con votos impugnados por los miembros de mesa y/o por los personeros de cualquiera de los partidos. Al cierre de esta nota, la cifra se había reducido a 333 actas por las resoluciones ya emitidas por los JEE. La cantidad y proporción de actas con votos impugnados en esta segunda vuelta está dentro de los márgenes de los procesos electorales de los últimos años.

  • Solicitud de nulidad de actas electorales. La noche del 9 de junio, Keiko Fujimori informó a la prensa que presentaría ante los JEE, en el límite del plazo legal, solicitudes de nulidad para 802 actas electorales.

Según información del diario Gestión, los motivos identificados por Fuerza Popular para presentar estos recursos son los siguientes:

  1. Supuesta falsificación de firmas de miembros de mesa: 503 actas
  2. Supuesta falsificación de resultados: 132 actas
  3. Miembros de mesa con los dos mismos apellidos: 65 actas
  4. Invalidación por sumas erradas: 45 actas
  5. Datos errados o faltantes: 57 actas

El inciso b) del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones señala que se puede declarar la nulidad de un acta “cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato”. La segunda y definitiva instancia para estas solicitudes es el JNE.

El proceso de revisión de estas solicitudes puede tomar al menos un par de semanas si se considera la doble instancia y la cantidad masiva e inédita de recursos que ha presentado Fuerza Popular.

En lo que va de contabilizado por la ONPE, el acta promedio contiene 218.6 votos, por lo que están en cuestión alrededor de 175 mil votos en zonas que favorecieron ampliamente a Castillo.

Sin embargo, es probable que una proporción importante de las solicitudes sea rechazada al no configurar irrefutablemente evidencias de fraude u otras de las causales establecidas por la ley.

Un último dato relevante de contexto: al cierre de esta nota, la Plataforma Electoral del JNE registra 1,585 expedientes generados sobre actas enviadas para revisión por parte de la justicia electoral, de los cuales ya se ha resuelto el 77,98%.

UN AMBIENTE ENRARECIDO E INCIERTO

Dos noticias desde el ámbito judicial han contribuido en las últimas horas a complicar más el panorama político. Por un lado, el juez Alain Salas, del Juzgado de Investigación Preparatoria con Sede en Acobamba, Huancavelica, declaró nulas las sentencias por negociación incompatible en agravio del Estado, en primera y segunda instancia, contra Vladimir Cerrón, fundador y líder de Perú Libre. La resolución ordena un nuevo pronunciamiento de la justicia penal sobre el caso y no absuelve a Cerrón, quien era parte de la plancha presidencial de Castillo, de la que fue excluido por su condena.

Horas después, en la mañana de hoy, el fiscal José Domingo Pérez realizó un nuevo requerimiento de prisión preventiva contra Keiko Fujimori en el marco de la acusación por los aportes a sus campañas electorales de 2011 y 2016.

En este contexto, es una grata sorpresa, que no debe darse por sentada, la tranquilidad y cultura cívica mostrada por la sociedad peruana, donde cuatro días después de la elección no se registran mayores hechos de violencia o conflictividad, a pesar de las actitudes polarizadoras de sus élites dirigentes.

El eventual gobierno de Castillo, mientras tanto, sigue siendo una gran incógnita en cuanto a políticas públicas y riesgos para el sector empresarial. El candidato señaló la noche del martes en un “balconazo” que se había comunicado con el empresariado para darle tranquilidad, pero sin especificar con quién y sin que ningún gremio o grupo empresarial relevante haya informado sobre tal comunicación.

En tanto, el economista Pedro Francke, cercano a Verónika Mendoza y designado como asesor económico del candidato Castillo en los últimos días de campaña, ha buscado dar tranquilidad a los mercados a través de apariciones en medios de comunicación y un pronunciamiento en redes sociales. Francke ha descartado que se vaya a vulnerar la autonomía del Banco Central de Reserva y ha señalado que “no hemos considerado en nuestro plan económico estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, controles de cambios, controles de precios o prohibición de importaciones”.

Sin embargo, en un entorno partidario tan volátil como el que rodea a Castillo y a Perú Libre, es imposible en este momento confirmar si las posiciones más moderadas que muestra Francke en las últimas horas serán las que caractericen al muy probable nuevo gobierno del Perú.

Gonzalo Carranza

Director General de LLYC Perú

Periodista de profesión, cuenta con una especialización en economía y tiene una maestría en Business Administration de la Universidad Adolfo Ibáñez. Antes de incorporarse a LLYC, trabajó como Editor Central de Economía y Negocios en El Comercio. Además, ha sido Gerente de Prensa del BCP, Gerente Editorial de Editora Planeta Perú, Editor General de la Revista G de Gestión y Director y conductor del programa de televisión MercadoExpress.

Paola Fune

Directora Senior de Asuntos Públicos
Más de 17 años de experiencia en el sector público. Abogada por la Universidad Nacional de Trujillo con estudios concluidos de maestría en Gestión Pública por el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres y EUCIM Business School de España y master en Gerencia Pública por la EUCIM Business School de España. Ha trabajado en el Congreso de la República del Perú y en varias instituciones del poder ejecutivo. En el sector privado se ha desempeñado como Gerente de Relaciones Institucionales de Graña y Montero SAA formando parte del equipo que trabajó la crisis reputacional de la compañía.