España. El sector energético y la crisis del COVID-19
Madrid
20 de marzo de 2020
La pandemia mundial declarada por la OMS, precipitada por la enfermedad infecciosa por coronavirus (COVID-19), ha puesto en alerta a todos los países. Los gobiernos están reaccionando de manera proporcional a la evolución de la crisis sanitaria, en todos los casos con el fin de impedir que el impacto económico sea permanente, con medidas para el estímulo de los mercados y para proteger a los colectivos sociales más vulnerables.
El equipo de Acción Climática del departamento de Asuntos Públicos de LLYC hace un repaso de las iniciativas en vigor (en España y a nivel internacional) que impactan directamente en la actividad del sector energético y otras que están siendo valoradas en función de la evolución de la situación.
INICIATIVAS EN VIGOR
En España, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social de la crisis del Covid-19, que entre otras medidas, incluye la prohibición del corte de suministros básicos (electricidad, gas y agua) a los hogares vulnerables.
En concreto, en el artículo 4 se detalla que durante el mes siguiente a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
Además, se prorroga de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020 la vigencia del bono social para aquellos beneficiarios del mismo a los que les venza con anterioridad a dicha fecha el plazo previsto y se suspenden algunas aspectos de los sistemas de actualización de precios regulados, incluidos aquellos referidos a gases licuados del petróleo (GLP) envasados y a la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural.
No obstante, el Ministerio de Transición Ecológica puntualizó que, en el caso de que la situación de emergencia perdure, se realizará una revisión a la baja de los métodos de cálculo de precios de GLP y gas canalizado.
En esa misma línea, Teresa Ribera, a través de una Orden Ministerial, garantizó a la industria electrointensiva que no se quedará sin suministro eléctrico incluso si se producen los supuestos económicos previstos en las subastas de interrumpibilidad.
En un plano autonómico, el Govern de las Islas Baleares se reunió con representantes de empresas energéticas para hablar sobre la seguridad de la distribución energética en las Islas durante el estado de alarma. Las distribuidoras energéticas se comprometieron a suspender todos los cortes de suministro energético a la ciudadanía y a mantener las actuaciones de urgencia domiciliaria en cuanto al gas como por ejemplo posibles fugas.
Por otro lado, las empresas energéticas en España también están sabiendo responder a esta emergencia sanitaria y social. Entre las principales acciones, Naturgy anunció que dará luz y gas gratis a los hoteles y residencias que cedan sus instalaciones como hospitales. Esta medida se suma al aplazamiento de facturas a determinados colectivos vulnerables, iniciativa también anunciada por Iberdrola, que flexibilizó las condiciones de pago a sus clientes y Endesa, que ha suspendido todos los cortes de luz por impago sin distinciones.
Por su parte, Repsol garantizó el suministro de combustible en sus estaciones de servicio. Tanto Red Eléctrica como Enagás han puesto en marcha planes de contingencia para reforzar la seguridad de sus centros de control y de los empleados, con el objetivo de garantizar el suministro energético.
En otros países europeos como Francia, Emmanuel Macron anunció en un discurso diversas medidas como que las pequeñas empresas no tendrán que pagar ni impuestos ni contribuciones a la seguridad social mientras dure la crisis. Así, las facturas de agua, gas, electricidad y alquileres se suspenderán. Algunas de estas medidas ya están tramitándose en la Asamblea Nacional de Francia.
En ese sentido, en Italia se aprobó, a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, un decreto urgente por el que se suspende hasta finales de abril el pago de facturas de electricidad, agua y gas, entre otras medidas, para ayudar a familias y empresas. El gobierno del Reino Unido anunció nuevas medidas que garantizan que los clientes vulnerables seguirán abasteciéndose de energía mientras dure la crisis con soluciones que incluyen el reintegro de la deuda y de las facturas, pudiendo ser reevaluadas, reducidas o pausadas cuando sea necesario.
En Alemania, el Gobierno federal ha lanzado una plan para dar liquidez a las empresas y, entre las medidas adoptadas, se encuentra el aplazamiento de impuestos para PYMES, incluido el impuesto a la energía utilizada.
EL DEBATE SOBRE NUEVAS MEDIDAS
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico descartó la intervención del Estado en las empresas energéticas, aunque dejó la puerta abierta para hacerlo en el caso de que no existiese un buen funcionamiento del mercado y de los precios de la energía.
Asimismo, Teresa Ribera puso de manifiesto que su departamento asegurará y ampliará la protección a colectivos vulnerables. El pago de las facturas de estos colectivos será motivo de negociación entre las distribuidoras y los ayuntamientos cuando finalice el estado de alarma.
Además, su departamento trabaja en nuevas fórmulas para agilizar la tramitación de la consideración de colectivo vulnerable, así como fórmulas para hacerlo extensible a más sectores sociales.
Las Comunidades Autónomas tampoco quedan al margen en este contexto. Por su parte, la Junta de Andalucía trasladó entre sus peticiones al Gobierno central la reducción de impuestos en servicios básicos, como la luz, agua o servicios de telecomunicaciones y el aplazamiento del pago de impuestos municipales.
Otras comunidades están avanzando líneas de acción en ese sentido. Asturias, por ejemplo, está elaborando un decreto para suspender los plazos de los impuestos de su competencia y Cataluña ha reclamado la suspensión de impuestos y tasas al Gobierno nacional, en línea con otros países.
Precisamente, en Europa este debate también está presente. En Dinamarca, el ministro de Finanzas Nicolai Wamen propone que el Estado cubra gastos como el alquiler o las facturas de electricidad, dirigido principalmente a las pequeñas y medianas empresas. En Irlanda, el diputado del Sinn Féin, Eoin Ó Broin, también ha propuesto una legislación de emergencia para declarar una moratoria en las facturas de gas y electricidad.
En Reino Unido, a pesar del paquete de medidas puesto en marcha por el Gobierno, el sector energético británico ha pedido ayudas específicas para el sector. La producción de petróleo y gas del Mar del Norte puede verse especialmente afectada por la crisis del Covid-19 y la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia, y se prevén insolvencias si se mantienen los bajos precios actuales.
Al otro lado del Atlántico, en algunos estados de Estados Unidos como Nueva York o Nueva Jersey, las compañías de servicios públicos han hecho público que mantendrán el suministro de electricidad, calefacción y agua pese a la falta de pago. El gobierno panameño, por su parte, anunció una rebaja del 25 % en el precio del combustible y de un 5 % en la tarifa eléctrica, para atenuar el impacto de las medidas para ralentizar la expansión del coronavirus en su país.
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