El Proyecto de Ley de Inversión Social de Colombia
Mientras que el Presidente Iván Duque finalizaba la instalación oficial de las sesiones del Congreso el pasado 20 de Julio, el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, radicó el Proyecto de Ley 27 de 2021 Cámara “por medio del cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones”. La iniciativa consta de 35 artículos donde se establecen las medidas fruto del consenso con los sectores económicos, políticos nacionales y regionales, la academia, los gremios y ciertos sectores sociales, en materia tributaria y fiscal.
Ayer 27 de julio, el ministro José Manuel Restrepo presentó la propuesta de reforma ante las comisiones económicas del Congreso. Allí señaló los retos económicos del país en materia fiscal y económica y recalcó que la iniciativa no tratará temas del IVA, el impuesto de renta a personas naturales, los impuestos a las pensiones, entre otros puntos. Algunos analistas como Luis Carlos Reyes del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y Juan Pablo Godoy, miembro de la Comisión de Expertos para la Revisión de los Beneficios Tributarios, han argumentado que el proyecto deja de lado la visión de ser una reforma estructural, pero tiene el objetivo de mantener programas sociales con un recaudo cercano a los $15 billones.
Contenido del proyecto
La reforma contempla dos líneas transversales: por un lado, las medidas relacionadas con la estructura tributaria y fiscal y, por el otro, todos los aspectos relacionados con la destinación de los recursos para programas y políticas.
Normalización tributaria
El proyecto contempla la creación de un impuesto de normalización tributaria complementario al impuesto de renta para el 2022. Con esto se busca incrementar el recaudo por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes al 01 de enero de 2022. La base será del 17% y se espera recaudar cerca de $500.000 millones de pesos durante el próximo año.
Impuesto de renta
La iniciativa modifica las tasas impositivas para las empresas, que es lo que se ha llamado como solidaridad empresarial, para poder afrontar los retos económicos del país.
El grueso de las fuentes de recursos provendría de esta medida. Específicamente, se establece que la renta para las personas jurídicas será del 35% desde el 2022, lo cual representa un aumento de 3 puntos frente a lo establecido actualmente. Adicionalmente, se plantea una sobretasa de renta para el sector financiero del 3% para los años 2022, 2023, 2024 y 2025. Estas medidas recaudarían cerca de $7.2 billones.
También se incluye la disminución de la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio al 50%, ya que la anterior reforma (Ley 2010 de 2019), establecía un beneficio del 100%.
Mecanismos de lucha contra la evasión
El plan contempla 4 herramientas para luchar contra la evasión de impuestos. En primer lugar, plantea un sistema de información georreferenciada para identificar el valor real de los inmuebles declarados. En segundo lugar, incorpora un mecanismo de facturación del impuesto de renta a partir de la información validada por medio de la factura electrónica.
En tercer lugar, se crea el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) y el Sistema de Identificación de Estructuras Sin Personería Jurídica. Con esto se pretende que las declaraciones de renta de personas naturales y jurídicas sean más transparentes. Finalmente, se establecen medidas para el otorgamiento del RUT por parte de la DIAN.
Austeridad y eficiencia del gasto público
Se incluyen dos medidas principales. La primera, se impone un límite a los gastos para que, por 10 años, el crecimiento de la adquisición de bienes y servicios no supere la inflación esperada. Como segunda medida, se propone una reducción del 50% en viáticos, gastos de viaje, papelería, impresiones, etc. También incorporan otras iniciativas como limitar el gasto en teléfonos, minimizar los gastos por arrendamiento, reducir el número de contratistas para alcanzar un ahorro del 10%, entre otras.
Por el otro, se otorgan facultades al Presidente por 6 meses para suprimir, fusionar y reestructurar dependencias de la rama ejecutiva. Además, podrá disponer la fusión, escisión o disolución y consiguiente liquidación de entidades públicas, sociedades de economía mixta o empresas donde el Estado tenga participación.
Regla fiscal
El Gobierno plantea una modificación de la regla fiscal, la cual permitirá que el endeudamiento de la Nación llegue al 71% del PIB. Además, se establece un ancla de la deuda del 55% del PIB que, de acuerdo con analistas como Richard Francis de Fitch Ratings, permitirá estabilizar y reducir la deuda para que el país recupere credibilidad. También se crea una cláusula de escape para atender eventualidades extraordinarias que permitirá la desviación de las metas fiscales.
Instrumentos de reactivación
Se plantean seis iniciativas orientadas a promover la reactivación económica y la equidad social:
- Ampliar el Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF desde marzo de 2021 hasta diciembre de 2021. Esto aplicará para empresas con máximo 50 empleados.
- Crear un incentivo a los nuevos empleos. Para jóvenes entre 18 y 28 años, el empleador recibirá como incentivo un aporte estatal del 25% de un salario mínimo por cada trabajador adicional. Para los que no sean jóvenes, pero que devenguen menos de 3 salarios mínimos, el incentivo será del 10%.
- A través del programa Generación E, disponer del pago del valor de la matrícula de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior públicas.
- Durante el 2021, la Nación y las entidades territoriales, podrán establecer esquemas de cofinanciación para los sistemas integrados de transporte masivo. El apoyo podrá ser hasta del 50% del déficit operacional.
- Las entidades territoriales podrán contratar operaciones de crédito público entre 2021 y 2023, siempre que la relación de la deuda/ingresos corrientes, no supere el 100%.
- Establecer los tres días sin IVA.
¿Cómo reaccionaron los diferentes actores?
Después que el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, presentará la propuesta de reforma tributaria ante las comisiones económicas del Congreso, se evidenció que diferentes sectores políticos resaltaron la voluntad de diálogo del Gobierno para la construcción de esta nueva propuesta.
Por ejemplo, los senadores de oposición Aída Avella e Iván Marulanda, señalaron la actitud constructiva del ministro, la cual permitirá desarrollar un proyecto fruto del consenso, el diálogo y el debate. Sin embargo, criticaron puntos como la retención en la fuente y la destinación de los recursos del programa Ingreso Solidario.
En el mismo sentido se pronunciaron congresistas de diversos partidos como Jhon Jairo Roldán del Partido Liberal, Richard Aguilar de Cambio Radical, Marcela Osorio de los conservadores, Juan Felipe Lemos de La U y Nicolás Araujo del Centro Democrático, quienes también explicaron que la iniciativa refleja los acuerdos de diferentes sectores sociales.
En contraste, Gustavo Bolívar, de oposición al Gobierno, criticó la propuesta y señaló que es consecuencia de los beneficios tributarios otorgados en la reforma de 2019. Wilson Arias, del Polo Democrático, cuestionó la estructuración de los programas de reactivación económica y de generación de empleo.
Esto evidencia que la nueva propuesta ha tenido una acogida positiva entre los diferentes partidos políticos. Sin embargo, las demandas y expectativas sociales, así como las perspectivas electorales, pueden derivar en cambios al texto propuesto inicialmente.
La «contra reforma»
Como respuesta al proyecto del Gobierno, los miembros de la oposición radicaron una propuesta alternativa de reforma tributaria. El Representante Wilmar Leal, de la Alianza Verde, resaltó que su propuesta recaudaría entre $11 y $14 billones. Para esto, se concentran en una sobretasa a los bancos, un impuesto a la riqueza, la eliminación de los beneficios tributarios y la creación de impuestos saludables.
Lo que viene
El proyecto fue radicado con mensaje de urgencia por parte del ejecutivo, lo cual acelerará su trámite en el Congreso. La primera fase fue la designación de ponentes de la siguiente forma:
- Comisión Tercera de Cámara
- Coordinadores ponentes: Hernando Arana Padauí, Jhon Jairo Roldán, Leonardo Rico, Christian Garcés, Erasmo Elías Zuleta.
- Ponentes: Oscar Darío Pérez, Jhon Jairo Cárdenas, Katherine Miranda, David Racero, Alberto Carreño, Christian Moreno, Antonio Zabarain, Carlos Julio Bonilla, José Gabriel Amar, Sara Piedrahita.
- Comisión Tercera de Senado
- Coordinadores ponentes: Richard Aguilar, Nicolás Araujo, David Barguil, Rodrigo Villalba.
- Ponentes: Efraín Cepeda, Gustavo Bolívar, Edgar Palacio Mizrahi, Iván Marulanda, Ciro Ramírez, Andrés García Zuccardi.
- Comisión Cuarta de Cámara
- Coordinadores ponentes: Betty Zorro, Diela Benavides, Elizabeth Jay Pang, Catalina Ortíz, Irma Luz Herrera, Carlos Alberto Cuenca, José Elver Hernández, Oscar Tulio Lizcano, José Eliecer Salazar.
- Ponentes: Jezmi Lizeth Barraza, Milene Jaraba, Diego Osorio, José Luis Pinedo, Juan Carlos Rivera.
- Comisión Cuarta de Senado
- Coordinadores ponentes: Mario Alberto Castaño, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos, Carlos Abraham Jiménez, Nicolás Pérez, Arturo Char, Jhon Milton Rodríguez.
- Ponentes: Laureano Acuña, Miguel Amín, Aída Avella, Wilson Arias, Juan Luis Castro, Myriam Paredes, Israel Alberto Zúñiga.
Al tratarse de una reforma tributaria, su trámite tiene que realizarse en las Comisiones Conjuntas Económicas, es decir Terceras y Cuartas del Senado y la Cámara. Como el proyecto fue radicado con mensaje de urgencia, se espera que para el mes de septiembre finalice su trámite bajo debates y discusiones que, seguramente, implicarán nuevas medidas y cambios frente a la propuesta inicial para convertirse en ley de la República.
Luz Ángela Sánchez Casadiego
Directora Senior Asuntos Públicos en LLYC Colombia
Graduada en Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniera “Julio Garavito”, tiene una maestría en Administración de Empresas y una especialización en Reputación Corporativa de la Universidad Externado de Colombia.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en empresas multinacionales del sector industrial colombiano estando al frente de varios procesos como logística, servicio al cliente, comercial y Asuntos Institucionales. Destaca su defensa del sector productor de acero colombiano como presidente de junta del Comité Colombiano de Productores de Acero de la Andi. En LLYC es responsable de Asuntos Públicos bajo una visión empresarial, que permite a sus clientes mantenerse informados del entorno legislativo e identificar riesgos y oportunidades dentro de la operación del negocio.