es
DE ASUNTOS PÚBLICOS

El presidente de Chile afronta una acusación constitucional

Fuente de la foto: Europa Press

Tras los Pandora Papers, el presidente chileno afronta una acusación constitucional que aprobó la cámara de diputados, pero con escasas posibilidades de aprobarse en el Senado. 

La prensa del mundo informó sobre la acusación constitucional por conflicto de interés y “comprometer gravemente el honor de la Nación” que el Parlamento chileno hizo contra el Presidente Sebastián Piñera, tras su aparición en los Pandora Papers. La investigación periodística sacó a la luz el contrato de venta de un proyecto minero de propiedad de los hijos e hijas del Presidente a uno de los mejores amigos del mandatario realizado en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.

Dicha revelación, en octubre, llevó a que la fiscalía abriera de oficio una investigación contra el presidente Sebastián Piñera, debido a que “los antecedentes podían revestir carácter de delito de cohecho, con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación”, según informó la Unidad Anticorrupción de la fiscalía.

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

Tras la decisión de la fiscalía, diputados de la oposición se movilizaron para reunir las firmas necesarias para realizar la segunda acusación constitucional contra el Presidente Piñera durante este mandato, la cual —de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso— significaría su destitución del cargo, el que debe concluir el 11 de marzo de 2022.

Una comisión de cinco diputados revisó durante poco más de tres semanas la acusación, que se votó este lunes en la Sala de la Cámara de Diputados. La oposición, como no lo hacía desde hace años, actuó unida. Idearon una estrategia para contar con los apoyos necesarios para aprobar la acusación. Se requerían 78 votos y había 77: el diputado y candidato presidencial Gabriel Boric estaba en cuarentena obligatoria tras haber sido diagnosticado con Covid19 y su correligionario y también diputado Giorgio Jackson debía cumplir una cuarentena preventiva por haber sido contacto estrecho. La fecha, por los plazos que fija la Constitución, era inamovible.

Boric, con un diagnóstico positivo, debía seguir aislado hasta completar 14 días, mientras que Jackson quedaría habilitado para trasladarse hasta el Congreso Nacional (que se ubica a 120 kilómetros de la capital) a las 12:00 de la noche del lunes. El diputado socialista Jaime Naranjo dijo estar disponible para comparecer durante 14 horas seguidas y así prolongar la sesión hasta que Jackson llegara a la Cámara. Y así se hizo. Naranjo actuó como “acusador” y habló más de 15 horas seguidas, desde las 10:30 am del lunes hasta que Jackson llegó a la sala, cerca de las 2:00 am del martes. Por medios y redes sociales hubo transmisiones en vivo del traslado de Jackson desde Santiago al Congreso en Valparaíso.

Así, y tras la exposición de cinco horas del abogado defensor, la acusación se aprobó a las 8:00 de la mañana del martes con el apoyo de 78 diputados, frente a 67 en contra y tres abstenciones. Ese mismo día fue remitida al Senado, donde según su plazo legal —a más tardar— el 16 de noviembre deberá debatirla y votarla. Esto ocurrirá a cinco días de las elecciones generales.

En la Cámara Alta la oposición cuenta con 25 senadores y se requiere del respaldo de al menos 29 (de los 43) miembros para lograr la destitución del Presidente Piñera. Todo indica que la acusación no tendrá éxito en esta cámara, sin embargo, en Chile existe un dicho: en política, se ha visto muertos cargando adobes.

Soledad Pino

Directora de Asuntos Públicos de LLYC y Factor C

Licenciada en comunicación social y periodista. Fue reportera política en La Nación y La Tercera, y cubrió el secto multinacionales en Diario Financiero. En Madrid, fue redactora del semanario La Clave y desde ahí prestó colaboraciones con El Mostrador y The Clinic. En Chile fue corresponsal para el diario español Público. Cuenta con experiencia en el sector público, como jefa de gabinete en la Superintendencia de Seguridad Social y como coordinadora en la Comisión Defensora Ciudadana en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Actualmente dicta la cátedra de reportajes en la escuela de periodismo de la Universidad de Chile. En 2018 se unió al equipo de Factor C.