El Gobierno aprueba casi en solitario el paquete de medidas anticorrupción
El Congreso ha dado luz verde al paquete de medidas anticorrupción comprometidas en noviembre por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se concretan en tres leyes, dos de ellas orgánicas. La cámara baja ha aprobado en comisión Constitucional, con competencia legislativa plena, el estatuto del alto cargo de la administración general del Estado y ha enviado al Senado también el proyecto de ley del Código Penal y el de financiación de los partidos políticos. Los tres textos incluyen medidas anticorrupción que tienen un doble objetivo: dificultar los casos de enriquecimiento ilícito de los políticos y frenar el descontento social respecto a las instituciones en pleno año electoral.
El estatuto del alto cargo, que regula el ejercicio para las instituciones del Estado pero deja fuera a las autonómicas y locales, fue aprobado con los votos de PP, CiU y PNV. La norma establece incompatibilidades para el ejercicio del cargo con el objetivo de evitar las puertas giratorias y recoge también un régimen sancionador, pero no incluye, como pedía el PSOE, la obligatoriedad del cese en caso de apertura de juicio oral por un presunto caso de corrupción. Esta eventualidad se congela para la futura reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.
La ley de financiación de los partidos políticos, que en el Congreso obtuvo el respaldo del PP mientras que CiU y PSOE se abstuvieron, trata de poner trabas al enriquecimiento ilícito de las formaciones y sus miembros. El texto endurece los controles a los partidos con una fiscalización exhaustiva del Tribunal de Cuentas, reduce en un 20% el gasto permitido para propaganda electoral, y se definen las sanciones de financiación ilegal: dos años de cárcel para casos leves, tres para los graves y 5 para los delitos muy graves. La norma prohíbe los donativos de empresas y obliga a publicar todas las aportaciones económicas superiores a 25.000 euros que reciba un partido.
La reforma del Código Penal es el proyecto de ley que contó con menos apoyos. El PP la aprobó en solitario, con toda la oposición –que presentó un total de 900 enmiendas- en contra. En clave anticorrupción, se tipifica el delito de financiación ilegal de partidos, que establece que las formaciones que reciban de forma irregular hasta 500.000 euros serán sancionadas con una multa, y a partir de ese importe las penas serán de prisión. Esta frontera suscita grandes críticas por parte de los grupos de la oposición, que consideran que es excesivamente elevado y que permite a los donantes trocear sus donativos en cantidades inferiores. Otra de las medidas que incluye la reforma es la obligatoriedad de que el corrupto haya devuelto la cantidad recibida ilegalmente para poder obtener la prisión condicional.
La oposición se cerró en banda a aprobar la reforma del Código Penal puesto que considera que se endurecen los delitos comunes –como la resistencia pasiva en las manifestaciones- y se no se persigue con suficiente severidad los de corrupción. El aspecto que más discrepancias ha levantado ha sido la inclusión de la cadena perpetua revisable, que expertos y oposición consideran que choca con el principio constitucional de reinserción del penado. Por primera vez en España se tipifica el delio de zoofilia y se castiga el maltrato animal.
La reforma del Código Penal iniciará ahora su trámite parlamentario en el Senado y aunque el Gobierno es reacio a introducir grandes cambios, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mostrado su disposición a revisar algunos de los aspectos más controvertidos para tratar de lograr el consenso, por lo menos, con algunos de los grupos en la oposición.