El Congreso acelera las medidas anticorrupción y el registro de lobistas

Dormían el sueño de los justos en el Congreso desde el pasado mes de marzo, pero ayer, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comprometió su palabra para que las medidas anticorrupción largamente esperadas entren en vigor antes del final de la legislatura. La Ley del Alto Cargo, para evitar las puertas giratorias, y la Ley de financiación de partidos políticos, engloban el grueso de un paquete de 20 medidas destinadas a frenar la sangría de los casos de corrupción.

Para los partidos de la oposición, las prisas del presidente son directamente proporcionales al impacto de los escándalos surgidos en las filas del PP en los últimos meses, como las tarjetas B de CajaMadrid, la Operación Púnica, y la dimisión -apenas unas horas antes del pleno- de la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuyo escaño vacío mereció referencias constantes del líder de los socialistas, Pedro Sánchez.

¿Cuáles son las medidas más destacadas?

LEY FINANCIACIÓN

• Se prohíben las donaciones de personas jurídicas a los partidos.
• Los particulares podrán aportar, como máximo, 50.000 euros. Las superiores a 25.000 se notificarán al Tribunal de Cuentas y se publicarán en la web del partido.
• Los bancos no podrán condonar deudas a los partidos.
• Todos los partidos deberán publicar sus cuentas.

CONTROL ALTOS CARGOS

• Deberán acreditar que están al día en sus obligaciones tributarias.
• Declaración de actividades, bienes y derechos a principio y final de legislatura.
• Se prohibirá usar tarjetas de crédito para abonar gastos de representación.
• Suspensión automática de militancia a los presuntos corruptos cuando se abra juicio oral.

CÓDIGO PENAL

• Se establece el delito de financiación ilegal.
• Se endurecen las penas de inhabilitación.
• Aumentan los plazos de prescripción hasta 15 años para delitos graves.
• Se fijará un plazo máximo para la instrucción de casos de corrupción.

CONGRESO Y SENADO

•  El ministro de Justicia comparecerá semestralmente para informar sobre los indultos.
• El promotor de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) comparecerá en comisión para defender su propuesta.

El lobby, a las puertas

Al margen de las medidas presentadas por el presidente del Gobierno, el Congreso quiere imprimir impulso también a la enquistada reforma del reglamento de la cámara. Los grupos parlamentarios tienen ya listo para aprobar en la primera semana de diciembre el primer bloque de esta modificación, que incluye cambios en el procedimiento legislativo, pero también se ha puesto sobre la mesa la regulación de los lobbies. El PP presentó formalmente un modelo para regular la actividad de los grupos de interés en la cámara baja, a través de la creación de un registro obligatorio de lobistas. Los populares quieren que estos profesionales se identifiquen, informen de los intereses que representan, de los documentos que aportan durante sus reuniones con los diputados y que se comprometan a seguir un código ético.

La propuesta del PP no desagrada a la oposición, aunque consideran que se debería dar un paso más y extender esta regulación al poder Ejecutivo y demás instituciones del Estado. En esta idea viene trabajando desde hace años el grupo parlamentario de CiU, que considera que esta es la oportunidad para establecer una normativa que aporte transparencia a las relaciones entre cargos públicos y la sociedad civil.

Las asociaciones de lobistas, que reclaman históricamente una regulación específica, han valorado positivamente la propuesta del PP pero también están convencidas de que esta es la oportunidad histórica para que el control del lobby llegue también al Gobierno.