Educación: Torbellino regulatorio con cada color político

En España, una de las políticas públicas más relevante para la ciudadanía, la educación, ha sido sometida constantemente a una montaña rusa regulatoria, que cambia cuando gobierno muta de color político. Es una política pública que no sólo no genera consenso, sino que ha sido marcada por visiones contrapuestas.

Desde 1980 ha habido ocho leyes de educación y tres leyes que han regulado el sistema universitario, más un sinfín de normativas que han llevado a los actores educativos a una necesidad continua de cambiar y adaptarse. Sin olvidar los cambios en el sistema de formación profesional y formación para el empleo.

Además, la mayoría de competencias educativas están en las Comunidades Autónomas que, a su vez, implementan la legislación adecuándola, de nuevo, a su visión política. Todos estos cambios han sometido a un enorme estrés a la comunidad educativa y cada tipo de centro, tanto privado, concertado como público, a los que no les da tiempo a implementar los cambios requeridos por una Ley cuando ya está otra sobre la mesa.

En esta Legislatura se ha aprobado una nueva Ley de Educación, la LOMLOE y una nueva Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que regula, también, la formación para el empleo, trasladando parte de las competencias de gestión de este sector al Ministerio de Educación. Ahora está en el Congreso la nueva Ley de Universidades (LOSU) que será relevante para las universidades privadas. Además, habrá una serie de regulaciones que tendrán impacto, principalmente, para acreditar a los distintos actores que quieran formar parte del sistema educativo.

Parece que hay un esfuerzo, desde las instituciones, de avanzar hacia una regulación que garantice la formación a lo largo de la vida, con una fuerte dignificación de la formación profesional y la formación dual. Todo esto, avalado por un incremento de fondos, en parte europeos, para asegurar que esta es una apuesta viable.

Toda esta nueva legislación del sector educativo tiene un fuerte impacto en la educación concertada y privada y enseñanzas extranjeras, tanto en los niveles escolares, la Universidad, como en el sector de la formación profesional y para el empleo. En todos los niveles, se han puesto sobre la mesa nuevos criterios y exigencias para la acreditación de los centros, así como pautas para su funcionamiento. Esta nueva normativa tendrá un efecto muy relevante en muchos centros privados y concertados, algunos avocados a desaparecer, y dificultará las posibilidades de creación de nuevos centros.

Los colegios concertados tendrán que adaptarse a la nueva normativa de la LOMLOE, el sector privado de la formación profesional y la formación para el empleo intenta buscarse un hueco y ser reconocido como clave en el objetivo de formación a lo largo de la vida. Las universidades privadas tendrán criterios nuevos para su funcionamiento y ya no conseguirán la aprobación para ejercer como universidad tan fácilmente. Y hay nueva normativa sobre la mesa, los centros de educación extranjeros. Esto implica que muchos de ellos puedan desaparecer. Además, los fondos de inversión han incrementado su interés por el sector de la educación, estableciendo nuevas dinámicas.

Pero aún está pendiente todo el proceso reglamentario, así como la implementación de las recién estrenadas leyes en las Comunidades Autónomas, donde se puede incidir en detalles determinantes. Será ahora cuando se especificarán criterios para poder ser centro de formación de cualquier nivel, o se regularán las pautas de la teleformación, por ejemplo.

El año próximo también es clave puesto que es un año electoral, y como ya hemos mencionado, la educación, será un tema importante del debate para obtener votos. Un momento crucial para que los distintos actores del sector educativo influyan sobre la regulación futura y posicionen sus necesidades. Y si llega un nuevo gobierno pues vuelta a empezar el proceso regulatorio.

La estabilización de una política pública tan relevante para un país como es la educación es un reto en España, pero es muy necesario ya que permitiría a todos los actores implicados de lo público y lo privado a tener previsibilidad e invertir en innovación y en calidad.

Lara Contreras. Gerente de Asuntos Públicos

Lara Contreras

Gerente de Asuntos Públicos en LLYC

Es especialista en Relaciones Internacionales, incidencia política abierta y digital y campañas sobre temas amplios como la inversión con impacto, la desigualdad, el trabajo, la protección social, la sostenibilidad y el desarrollo económico y las crisis humanitarias. Ha sido Directora de Incidencia y Contenidos y principal portavoz en medios y stakeholders de Oxfam España y Bruselas.  Ha trabajado como Jefa de Oficina de diferentes ONG’s en Oriente Medio y Asia. Es profesora en diferentes Masters sobre Asuntos Públicos y Desarrollo en ICADE, Deusto y Carlos III. Ha escrito en diferentes medios de comunicación como 20 minutos, El País, El Diario.es, etc. y ha trabajado en la agencia EFE. Lara es Licenciada en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Relaciones Internacionales y Comunicación por la misma Universidad.