Del cash-for-access al ethics-for-access

Una nueva grabación ha generado la controversia. Esta vez ha sido en Gran Bretaña y el protagonista es el tesorero adjunto del Partido Conservador, Peter Cruddas, y sus métodos para captar donaciones para el Partido. Resultado: pillado in fraganti cuando prometía acceso al primer ministro, David Cameron, a cambio de una suma nada desdeñable (300.000 euros al cambio). Esto ocurría mientras unos periodistas de The Sunday Times se hacían pasar por supuestos donantes del partido “con intereses más allá” y grababan la conversación. Nuevo escándalo para la clase política que se remienda con una dimisión -la del sujeto en cuestión- y un compromiso por la transparencia -hecho público por David Cameron al día siguiente de que saltara la noticia. Cameron, que negó que las cenas que celebraba en su residencia oficial tuvieran por objeto captar fondos para el Partido Conservador, ha hecho públicos los nombres de los invitados a esas cenas. La transparencia parece el más fiel aliado a la causa de aquellos que creemos que sin una relación sólida, continua y confiable entre lo público y lo privado no hay desarrollo regulatorio ni político posible en ningún país. Es igualmente inviable un desarrollo de la profesión de gestor de asuntos públicos y lobby sin una confianza en las relaciones que se establecen entre uno y otro ámbito.

De ahí la bienvenida por parte de LLORENTE & CUENCA al anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que ha hecho público el Gobierno la pasada semana. Esta es una de las iniciativas que venimos impulsando desde hace tiempo a través del Foro por la Transparencia y en cuya tramitación esperamos participar activamente.

El horizonte en el que nos movemos los profesionales que nos ocupamos de la gestión de esa relación es que terminen resultando vanos los intentos de algunos periodistas por desacreditar a la clase política o a dirigentes empresariales. No nos podemos conformar con que sean casos excepcionales, especialmente cuando la excepción golpea, como en el caso británico, a altas instancias del poder. El pago por acceso al político (cash-for-access) debe ser sustituido por una ética en el acceso (ethics-for-access).