Chile inicia un año cargado de elecciones y con ingresos adicionales por el cobre
En términos sanitarios, Chile está teniendo un buen comienzo de año. En los últimos siete días este país sudamericano se situó como líder mundial en la administración de la vacuna en contra del Sars-Cov2, por cada 100 habitantes, con un promedio de 1,67 dosis diarias, frente a las 1,20 de Israel, según el sitio Our World in Data de la Universidad de Oxford. Con el aumento de la actividad, su economía paulatinamente ha comenzado a despertar, y gracias al alza mundial que está teniendo el precio del cobre, sus arcas fiscales se han visto favorecidas.
Tras los meses de verano en el hemisferio sur, marzo trae el año lectivo, también reinició la actividad legislativa. Este 11 de marzo, el mandato del Presidente Sebastián Piñera entra en la cuenta atrás de su último año de mandato y, con ello, la dificultad de gobernar con la pérdida de poder la perspectiva de final supone.
En 2021, Chile tendrá cinco elecciones y renovará prácticamente todas sus autoridades. Pero no solo eso, entrará también en un proceso inédito de elegir una convención para debatir y cambiar a la madre de todas las leyes: la Constitución.
Escenario económico
Arcas fiscales
Los ingresos fiscales de Chile están teniendo un respiro. La reactivación de China y la oferta acotada de cobre han elevado el precio de este metal de manera sostenida desde mediados de 2020, lo que ha sido positivo para el país sudamericano, cuya principal fuente de ingreso fiscal proviene de la empresa estatal Codelco. Algunos economistas lo están calificando como un superciclo, que —en todo caso— no resulta ajeno a lo que estaría ocurriendo con otras materias primas en el mundo. Pero no todo ha sido positivo, ya que en febrero Chile sufrió una pérdida en el liderazgo como jurisdicción minera, según la última versión del ranking del Instituto Fraser —con sede en Canadá— que analiza las zonas con mayor atractivo para la inversión. Lo que estaría jugando en contra a Chile es cierta inestabilidad política y sus problemas de seguridad, señaló Fraser.
Vale mencionar que, según datos del Banco Central de Chile, la Inversión Extranjera Directa (IED) en 2020 fue de US$7.343 millones, 38% menos que el año anterior, aunque el retroceso se da tras dos años previos de alzas importantes en la inversión de capitales extranjeros.
Proyecciones
En todo caso, las nuevas proyecciones que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) son favorables para Chile, único país sudamericano que forma parte de la OCDE. El 9 de febrero, actualizó sus expectativas para 2021 para América Latina y estimó que será uno de los primeros en salir de la crisis. El FMI sopesó la crisis económica de los países, sus estímulos fiscales, condiciones financieras internacionales, el alza en los precios de las materias primas, los procesos de vacunación, entre otros factores. Así, según el FMI, Perú será el país con mayor crecimiento en 2021, con 9%, seguido por Chile con 5,8%. Poco más atrás sitúa a Colombia con 4,6%.
Escenario político y social
Año de elecciones
Dentro de un mes, el 11 de abril, Chile elegirá a los miembros de una Convención Constituyente que tendrá la misión de discutir los fundamentos para una nueva Carta Magna. Esto, luego de un plebiscito que en octubre de 2020 determinó que 78.3% de la ciudadanía estaba a favor de cambiar la Constitución de 1980, instaurada por la dictadura del general Pinochet (1973-1989).
Ese plebiscito y la posibilidad de una nueva constitución surgió de un acuerdo nacional de prácticamente todas las fuerzas políticas (con excepción del Partido Comunista y otras entidades de izquierda), que surgió a un mes de ocurrido el estallido social de octubre de 2019. Dicho acuerdo buscaba de manera urgente una salida político-institucional a las manifestaciones y saqueos violentos que no se seguían dando en las calles.
El 11 de abril Chile elegirá —además de los asambleístas constituyentes— a las autoridades municipales (ayuntamiento) y por primera vez se elegirá al gobernador de cada una de las 17 regiones del país.
El calendario electoral contempla el 9 de mayo para la segunda vuelta (ballotage) de gobernadores regionales. El 4 de julio habrá primarias presidenciales y de senadores y diputados (Congreso bicameral). El 21 de noviembre se realizará la elección de Presidente de la República, más senadores, diputados y consejeros regionales. De no haber mayoría absoluta en la presidencial (50% más uno), el 19 de diciembre se haría la segunda votación entre quienes hayan alcanzado las dos mayores adhesiones.
Migración y crisis humanitaria
Ni la pandemia ni su consiguiente frenazo en la economía chilena han significado un cese en el interés de la migración latinoamericana por llegar a Chile. Durante los primeros 15 días de febrero, este país sudamericano experimentó una problemática poco usual para sí, aunque ampliamente conocida por Europa: la llegada masiva de migrantes en situación de crisis humanitaria.
La frontera norte de Chile, a 1.600 kilómetros de su capital, Santiago, ha sido la zona por donde miles de migrantes han ingresado por pasos no habilitados, de manera irregular. Se trata principalmente de ciudadanía venezolana, pero también colombiana, haitiana y dominicana, que llegan a Bolivia para atravesar andando por el desierto altiplánico. Hambrientos y desamparados, miles de personas han llegado a la localidad rural e indígena de Colchane, han ocupado las casas de los lugareños, incluso con ellos dentro, desesperados en busca de comida y cobijo ante temperaturas extremas del desierto.
El gobierno, queriendo dar una lección disuasiva, viajó a la zona e instruyó expulsar a un grupo de migrantes en un avión. A la vez, el ministro de Asuntos Exteriores, Andrés Allamand, anunció que buscaría iniciar conversaciones con Bolivia, para procurar una solución conjunta a la problemática. Chile y Bolivia desde 1978 que no tienen relaciones diplomáticas, solo consulares.
Violencia rural
Algunos analistas dicen que hablar de violencia rural es un eufemismo a la hora de describir la violencia extrema que afecta a varias áreas de la zona del sur del país; problemática que de manera incipiente comenzó en 1997 como un asunto de reivindicación de tierras indígenas pero que hoy es una demanda por la autodeterminación del territorio. En la actualidad, en la zona de la Araucanía, diariamente se producen atracos con armas y hasta con subametralladoras, se queman viviendas, predios, camiones y maquinarias de la industria maderera.
Según información de la policía y del Ministerio del Interior, la problemática es compleja, ya que excede a las reivindicaciones indígenas e involucra a organizaciones criminales de narcotráfico y robo de madera. Durante los meses del verano (enero y febrero), los actos de violencia no cesaron y tanto los habitantes de la zona como los transportistas exigieron al gobierno —una vez más— tomar medidas para procurar “apaciguar la Araucanía”. El Ejecutivo respondió anunciando que endurecerá las leyes, lo que despertó una ola de críticas. Finalmente, convocó a autoridades de los tres poderes del Estado para solicitar mayor coordinación ante el accionar en la zona.
Riesgos legislativos
A comienzos de este mes se reiniciaron las sesiones legislativas y el mundo empresarial se encuentra en alerta por tres proyectos que quedaron ad portas de ser aprobados por el Congreso en 2020. Una de esas iniciativas establece nuevas exigencias a los agentes de mercado y la otra es un proyecto considerado “pro consumidor”.
El primero afectaría a la banca y servicios financieros, quienes exigen a sus clientes tomar seguros para el resguardar “el bien” y dicho seguro lo paga solo el cliente, en circunstancias de que ambas partes se benefician, como sería el caso de un seguro contra incendio para una casa con hipoteca bancaria. Esta moción quedó en su último trámite para ser aprobada en Cámara de Diputados y Diputadas.
La segunda iniciativa que también quedó en la recta final en el Parlamento es la que busca impedir que el comercio ofrezca descuentos condicionados a un medio de pago específico, como son las tarjetas de créditos de casas comerciales.
Finalmente, un tercer asunto que se retomó tras el receso legislativo de verano es el cambio en el sistema de pensiones, que en Chile está en manos de empresas privadas con fines de lucro, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y opera bajo la modalidad de ahorro individual. Durante 2020, vía leyes especiales, en dos ocasiones el Congreso —con votos de derecha e izquierda— permitió a las personas hacer retiro de sus fondos, como paliativo a la crisis económica, al igual como ocurrió hace un tiempo en Perú. Ante la presentación de un tercer proyecto de ley para generar un nuevo retiro, el Presidente Piñera presentó un nuevo proyecto para modificar el sistema, proponiendo, en líneas generales, elevar la cotización, que hoy es de solo el 10% del salario, y crear un fondo solidario que permita una mejora a las actuales pensiones que reciben quienes ya están en etapa de jubilación.
Soledad Pino
Directora de Asuntos Públicos de LLYC y Factor C
Licenciada en comunicación social y periodista. Fue reportera política en La Nación y La Tercera, y cubrió el sector multinacionales en Diario Financiero. En Madrid, fue redactora del semanario La Clave y desde ahí prestó colaboraciones con El Mostrador y The Clinic. En Chile fue corresponsal para el diario español Público. Cuenta con experiencia en el sector público, como jefa de gabinete en la Superintendencia de Seguridad Social y como coordinadora en la Comisión Defensora Ciudadana en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Actualmente dicta la cátedra de reportajes en la escuela de periodismo de la Universidad de Chile. En 2018 se unió al equipo de Factor C.