Avances recientes en fiscalidad digital
Fotografía: EFE
Madrid
14 de febrero de 2020
2020 ha comenzado con importantes avances en materia de fiscalidad digital. Los trabajos en el seno de la OCDE han entrado en una nueva fase en las últimas semanas. En España, el Gobierno ha anunciado su intención de agilizar la tramitación parlamentaria de la llamada “tasa Google”. El equipo de Asuntos Públicos de LLYC presenta en esta Nota Técnica una panorámica sobre el estado actual de las propuestas en los ámbitos global, europeo y nacional.
Ámbito global
En su reunión en París durante los días 29 y 30 de enero, la OCDE ha realizado avances significativos en su propuesta de un régimen fiscal internacional para las grandes compañías tecnológicas.
Según el comunicado realizado tras la reunión, la nueva tasa dejaría de ser un impuesto exclusivo para servicios digitales y pasaría a afectar también a multinacionales de todos los sectores.
En principio, las empresas serían sometidas a tributación en aquellas jurisdicciones donde tienen su domicilio social. Una vez superado un nivel doméstico de beneficios todavía por definir, el importe extra sería distribuido entre las distintas jurisdicciones en las que la empresa opera.
Esta propuesta ha sido principalmente defendida por países desarrollados. Si bien la ampliación de las empresas sometidas a tributación calma las suspicacias estadounidenses ante conductas discriminatorias hacia sus grandes tecnológicas, la Administración Trump busca ahora debilitar la posible obligatoriedad de este régimen fiscal.
A pesar del avance, la OCDE reconoce las dificultades técnicas para definir normas precisas antes de finales de 2020, el plazo inicialmente marcado para alcanzar una decisión final.
Es previsible que la próxima reunión de ministros de economía y finanzas del G20 en Arabia Saudí (22-23 febrero) pueda impulsar consensos políticos en torno a esta propuesta.
La próxima reunión de la OCDE sobre fiscalidad digital está prevista en Berlín en julio.
Ámbito europeo
Estos avances en el ámbito internacional se producen en un contexto de debilidad por lo que respecta a la definición de una tasa digital comunitaria.
Si bien la nueva Comisión ha encomendado a la beligerante vicepresidenta Vestager impulsar una tasa digital para 2021 en caso de que no exista una decisión en la OCDE, la exigencia de unanimidad y las amenazas arancelarias estadounidenses han forzado a la UE a dejar de momento en suspenso su puesta en marcha inmediata.
En 2017 las instituciones europeas realizaron ya diversos llamamientos para poner en marcha un impuesto a las grandes compañías tecnológicas.
En marzo de 2018 se hacía pública una ambiciosa propuesta que tenía por objeto gravar actividades digitales específicas, como la intermediación por plataformas, la venta de datos de usuarios o los beneficios derivados de la publicidad en línea.
El veto de Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia, inclinadas a un tratamiento más favorable hacia las grandes compañías tecnológicas, impidió finalmente el acuerdo.
Respuestas nacionales
Ante la ausencia de soluciones supranacionales, la urgencia recaudatoria de los gobiernos nacionales ha dado lugar a una proliferación de propuestas unilaterales.
Dentro de la UE, se distinguen tres grandes bloques de países: un bloque latino (que incluye a países como Francia, Italia o España), que lidera el establecimiento de tasas digitales nacionales; y los bloques germano (salvo Austria y Hungría) y eslavo, caracterizados por su inacción.
El caso francés es ilustrativo de las dificultades experimentadas por estas iniciativas unilaterales, ante la preferencia estadounidense y de las grandes tecnológicas por una negociación internacional donde poder hacer valer de forma más efectiva sus intereses.
En julio de 2019 Francia aprobó un impuesto del 3% sobre los ingresos de grandes operadores tecnológicos. La amenaza arancelaria de Estados Unidos, apoyada expresamente por Apple, Google y Facebook, y la falta de un apoyo sólido por parte de la UE terminaron obligando a finales de enero a Macron a posponer hasta finales de año la implementación efectiva de este impuesto, previsiblemente cuando la decisión en la OCDE esté ya tomada.
España
La ministra de Hacienda declaró este miércoles la intención del Gobierno de aprobar la llamada «tasa Google» fuera de los Presupuestos Generales del Estado.
Al tratarse de un nuevo tributo y no de la modificación de uno ya existente, este debería tramitarse como una ley aparte, lo que facilitaría un recorrido parlamentario más ágil.
Según la ministra, la aprobación del proyecto de ley se producirá en los próximos Consejos de Ministros, debiendo ser tramitada en Congreso y Senado.
Estas declaraciones se producen días después de que la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, indicase que España esperaría a que la OCDE defina una buena propuesta internacional, lo que parece evidenciar ciertas tensiones internas sobre la conveniencia de una propuesta unilateral española.
En 2019 informes de PwC y de Fedea cuestionaron la cifra de recaudación manejada por el Gobierno (1.200 millones de euros) y advirtieron sobre el impacto que la tasa podría tener en los consumidores, a través de un aumento de los precios. La propia AIRef ha cuestionado las cifras del Gobierno.
En todo caso, la debilidad de los apoyos parlamentarios, los posibles avances en la OCDE y las amenazas arancelarias por parte de Estados Unidos a productos españoles (aceite, vino, lácteos, fruta) por valor de 1.000 millones de euros obligan a ser cautos sobre la implementación efectiva de un impuesto digital nacional.
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