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DE ASUNTOS PÚBLICOS

Aprobado en comisiones conjuntas el Presupuesto General de 2022 de Colombia

El pasado miércoles 22 de septiembre, las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara, aprobaron en sesión conjunta el Presupuesto General de la Nación para el 2022. El monto total del presupuesto asciende a $350,4 billones de pesos, de los cuales $68,04 se destinarán a inversión y el restante corresponde gastos de funcionamiento, servicio a la deuda, entre otros.

A la discusión del Presupuesto se sumaron dos temas que generaron críticas en diversos sectores políticos y de la opinión pública. El primero, relacionado con la aplicación de la Ley de Garantías que inhibe la contratación pública en periodos electorales. El segundo, con una disposición adicional que permitirá que las personas que hayan cotizado 750 semanas en las AFP puedan trasladarse a Colpensiones sin ningún problema.

La primera medida fue blanco de críticas desde la oposición política al Gobierno por considerar que será una herramienta utilizada para favorecer a los aspirantes de la línea política gubernamental. La segunda, también fue controversial ya que inicialmente el Ministerio de Hacienda había mostrado su rechazo a las iniciativas que buscaban abrir la puerta al traslado exprés del Régimen de Ahorro Simple Individual al Régimen de Prima Media.

EL CONTENIDO DEL PROYECTO

El Gobierno del Presidente Iván Duque presentó el último proyecto de Presupuesto General de la Nación de su mandato. En términos generales, del monto total se destinarán $209,3 billones a temas de funcionamiento, $72,7 billones al servicio de la deuda y $68,04 billones a inversión. 

Los sectores que tendrán una mayor asignación presupuestal tanto para inversión como para funcionamiento serán Educación ($49,42 bn), Defensa ($42,17 bn), Salud ($41,8 bn) y Trabajo ($34,53 bn). Además, los programas y entidades relacionadas con atención social recibirán $22.93 billones el próximo año.

A diferencia del Presupuesto aprobado para el 2021, en el 2022 se dará mayor preponderancia al sector educativo como un mecanismo para dar respuesta a las demandas sociales derivadas del Paro Nacional.  Ahora bien, el sector salud pasaría a un tercer lugar, siendo superado por el sector de defensa. Esto último también buscaría responder al clima y percepción de inseguridad que enfrentan las principales ciudades del país.

LOS PUNTOS DE DEBATE

Más allá de la discusión sobre la asignación presupuestal que tendrá cada sector, el debate en las comisiones económicas del Congreso tuvo dos puntos ampliamente controversiales en relación con la Ley de Garantías y el régimen pensional.

Ley de Garantías para 2022

La Ley 996 de 2005 establece las prohibiciones a las que deben sujetarse los servidores públicos en el marco de los procesos electorales. Por ejemplo, se determina que 4 meses antes de las elecciones, los alcaldes y gobernadores, no pueden celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Lo anterior con el fin de evitar favorecer a candidatos de su misma corriente política.

Así pues, el artículo 125 del Presupuesto General de 2022, suspende la vigencia de estas disposiciones una vez se sancione la Ley. Por ende, los servidores públicos podrían adelantar contratos durante el transcurso de estos períodos electorales. Esto fue abiertamente criticado por la oposición, ya que consideran que será una herramienta que permitirá el desarrollo de prácticas de “corrupción” y “clientelares” para beneficiar a determinados candidatos.

No obstante, desde el Gobierno se ha defendido la medida ya que se considera que es un mecanismo que permitirá contribuir con la reactivación económica de las regiones.  Por el momento, esta discusión continuará abierta de cara a la discusión en las Plenarias de Senado y Cámara para su aprobación definitiva.

Traslado Pensional

El otro punto que generó críticas fue la aprobación del artículo 116 del Presupuesto. Allí se abrió la posibilidad a que las personas que estén afiliadas a las Administradoras de Fondos de Pensión (Régimen de Ahorro Simple), puedan trasladar sus ahorros pensionales a Colpensiones (Régimen de Prima Media).

Ante esto, el gremio de las AFP, Asofondos, señaló que abrir la puerta a un traslado exprés al régimen público, terminaría beneficiando a quienes reciben salarios altos. Además, tendría un alto impacto para las finanzas públicas porque el Ejecutivo tendría que asumir los subsidios a las pensiones de altos ingresos.

Sumado a lo anterior, se ha criticado la posición del Ministerio de Hacienda ya que días antes había mostrado su rechazo a otra propuesta similar que busca abrir la posibilidad a un traslado exprés entre regímenes de ahorro pensional de más de 200.000 ciudadanos.

LAS REACCIONES

Sumado a los puntos de discusión mencionados anteriormente, otros analistas han señalado que la aprobación del Presupuesto para 2022 no responde a las problemáticas ambientales y de desarrollo del país.

Por ejemplo, las asignaciones para la Ciencia y Tecnología (0,20%), Ambiente (0,20%) y Agricultura (0,65%), son las más bajas frente a los demás sectores. Esto resulta preocupante frente a los retos en materia de cambio climático y de desarrollo de capacidades tecnológicas y en innovación para el país.

Además, el nuevo Gobierno que tome posesión el 07 de agosto de 2022, tendrá que ejecutar un Presupuesto que no estará acorde con sus proyectos a iniciativas, al menos hasta que se discuta una nueva propuesta para el 2023.

LO QUE SIGUE

A este proyecto de ley que establece el Presupuesto General del 2022 le hace falta aún ser discutido en las Plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Allí se espera que se dé una discusión más profunda sobre los artículos que fueron polémicos en los primeros debates.

Sin embargo, debido al contexto preelectoral y de campaña, es posible que los consensos por dar vía libre a la Ley de Garantías y al traslado exprés de los pensionados, se mantengan. No obstante, analistas como Héctor Riveros, han alertado sobre la posible inconstitucionalidad de estas medidas.

En todo caso, es previsible que las asignaciones presupuestales de cada sector no se alteren a profundidad, con lo cual se tendrá una asignación de recursos enfocada en educación, defensa y salud e inclusión social, todos temas de preocupación para los colombianos.

Luz Ángela Sánchez Casadiego

Directora senior Asuntos Públicos en LLYC Colombia

Graduada en Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniera “Julio Garavito”, tiene una maestría en Administración de Empresas y una especialización en Reputación Corporativa de la Universidad Externado de Colombia.

Ha desarrollado su trayectoria profesional en empresas multinacionales del sector industrial colombiano estando al frente de varios procesos como logística, servicio al cliente, comercial y Asuntos Institucionales. Destaca su defensa del sector productor de acero colombiano como presidente de junta del Comité Colombiano de Productores de Acero de la Andi. En LLYC es responsable de Asuntos Públicos bajo una visión empresarial, que permite a sus clientes mantenerse informados del entorno legislativo e identificar riesgos y oportunidades dentro de la operación del negocio.