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DE ASUNTOS PÚBLICOS

Acuerdos del Consejo de Ministros del 10 de enero de 2014

Actividad del Gobierno. Consejo de Ministros. España

Estos son los temas más destacados del Consejo de Ministros del viernes 10 de enero, por áreas:

Empleo y Seguridad Social

Restructuración de empresas – REAL DECRETO por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social a trabajadores afectados por procesos de restructuración de empresas (despedidos de acuerdo con los artículos 51 y 52 del Estatuto de los trabajadores):

  •  Objeto: facilitar una cobertura económica a trabajadores cercanos a la edad de jubilación que permita paliar las consecuencias sociales derivadas de los procesos de restructuración de empresas que pudieran conllevar el cese total o parcial de la actividad, o que contribuyan al mantenimiento del empleo.
  • Regulación: se adapta la regulación de estas ayudas a lo estipulado en la Ley General de Subvenciones y se reduce el margen de discrecionalidad en su concesión.
  • Requisitos de los beneficiarios:
    • Edad inferior a 4 años sobre la de jubilación.
    • Tener cubierto el periodo de cotización exigido.
    • Acreditar una antigüedad mínima de 2 años en la empresa.
    • En caso de despido colectivo, que no hayan transcurrido más de 4 años desde el final del periodo de consultas.
    • Inscripción como demandante de empleo, tras agotar la prestación contributiva por desempleo.
    • No estar incurso en alguna causa de incompatibilidad.

Hacienda y Administraciones Públicas

1) Administración Electrónica – INFORME que recoge el avance en la implantación de la Administración Electrónica en la Administración General del Estado (AGE) desde septiembre de 2011, fecha del último informe, a junio de 2013:

  • Un 65 por 100 de las medidas están ya finalizadas y el resto se encuentran en fase de desarrollo.
  • El ahorro estimado generado en 2012 ha sido de 2.785.000.000 euros para ciudadanos y empresas, y de 69.706.000 euros para las Administraciones Públicas.
  • Existen a disposición de los ciudadanos un total de 2.900 procedimientos y servicios por vía electrónica.
  • En 2012 el volumen total de tramitaciones con la Administración General del Estado fue de 465.349.764, de las que de forma electrónica fueron iniciadas 345.595.767, lo que supone casi un 75 por 100 del total.
  • Los procedimientos de mayor tramitación corresponden a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Dirección General del Catastro.
  • España es hoy líder en disponibilidad de servicios en línea, con un 98 por 100 frente al 74 por 100 de la Unión Europea, y, en el indicador de «eGovernment» de Naciones Unidas sobre la capacidad y voluntad de utilizar la Administración Electrónica, se encuentra en el lugar 23.
  • El Programa de Mejora de la Reglamentación y Reducción de Cargas Administrativas que ha finalizado en 2012 (desde 2007) ha significado un ahorro para las empresas de más de 19.000 millones de euros.

2) Reclamación Junta – ACUERDO por el que se desestima el requerimiento previo formulado por la Junta de Andalucía contra los acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de junio y de 12 de julio de 2013, por los que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Administraciones Públicas y cada uno de sus subsectores para el período 2014-2016 y para el año 2013, respectivamente.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

1) Consejo Agrario – PROYECTO DE LEY de regulación del procedimiento para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario:

  • Objeto: regular el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y en el ámbito estatal.
  • Integración: se consideran organizaciones agrarias las coaliciones de organizaciones agrarias y la integración de organizaciones en otra de ámbito nacional, aun conservando cada una de ellas su denominación originaria.
  • Participación: se confeccionará un censo nacional, integrado por personas físicas y jurídicas, que pueden ser agricultores por cuenta propia, perceptores de ayudas agrícolas o de rentas procedentes de la agricultura.
  •  Ámbito: La elección será de carácter nacional, a realizar un mismo día, en mesas que incluirán un máximo de 1.400 electores y que se situarán en las capitales de provincia y en las comarcales que sean necesarias.
  • Representatividad: serán consideradas organizaciones agrarias más representativas las que obtengan un porcentaje de votos en todo el Estado superior al 15%, y además al menos un 5% en 6 Comunidades Autónomas.
  • Periodicidad: Las consultas se realizarán cada 5 años y servirán para determinar la composición del Consejo Agrario.
  • Órgano: el Consejo Agrario estará integrado por 10 miembros, elegidos de forma proporcional entre las organizaciones más representativas, más el ministro de Agricultura, como presidente del mismo.
  •  Funciones: el Consejo Agrario informará sobre los proyectos normativos del Departamento que sean sometidos a su consideración y podrá formular recomendaciones y propuestas sobre el sector agrario, siendo el genuino órgano de interlocución de dicho sector con el Gobierno de la Nación.

2) Productos ibéricos – REAL DECRETO por el que se regula la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos:

  • La norma mejora la información al consumidor en el etiquetado y presentación; la calidad del producto al establecer más rigor y control en los procesos, y la fiabilidad en la asignación de las menciones que realmente corresponden a los productos.
  • Es fruto de un largo proceso de colaboración y diálogo entre las Administraciones autonómicas y las asociaciones representativas del sector.
  • Se simplifican las denominaciones de venta, pasándose de las cuatro opciones anteriores (de bellota o montanera, de recebo, de cebo de campo y de cebo) a tres: de bellota, de cebo de campo y de cebo.
  • Se incorporará un precinto de distinto color por cada designación, que se colocará en cada jamón y paleta, en el matadero:
    • Negro, para los bellota cien por cien ibéricos
    • Rojo, para los bellota ibéricos
    • Verde, para los de cebo de campo ibéricos
    • Blanco, para los de cebo ibéricos
  • La norma adapta la carga ganadera a la capacidad productiva de la dehesa y establece un número de cerdos por hectárea de dehesa en función de la superficie arbolada cubierta (entre 0,25 y 1,25, cerdos/ha).
  • También regula las instalaciones a las que se exige una mayor superficie mínima para la crianza de los animales en cebaderos: 2m² mínimo para animales de más de 110 kilogramos de peso.
  • Se establecen una serie de períodos transitorios para permitir al sector una adaptación paulatina en temas como la raza, instalaciones y productos en proceso de elaboración.
  • Las Comunidades Autónomas colaborarán en los mecanismos de control para la aplicación de la norma.

3) Tablas de Daimiel – APROBADA la ampliación de los límites del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel con una superficie de 1.102,51 hectáreas sobre fincas de titularidad pública (de 1.928 hectáreas pasa a más de 3.000 hectáreas).

  • La ampliación comprende terrenos colindantes al Parque, propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales y de la Fundación Biodiversidad.
  • El Organismo Autónomo de Parques Nacionales ha adquirido desde 2001 fincas y derechos de agua legalmente inscritos en el Parque Nacional y en su zona de protección, con la adquisición de más de 1.900 hectáreas y en torno a los 4,4 hectómetros cúbicos de derechos de agua.

4) FEGA – REAL DECRETO por el que se modifica el estatuto del Fondo Español de Garantía Agraria para incluir la facultad de enajenación de los inmuebles pertenecientes a la red básica de almacenamiento público (silos), que forman parte de su patrimonio; y cambiar el inicio y la instrucción de los procedimientos de determinación y repercusión de las responsabilidades financieras por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en el ámbito de los fondos europeos agrícolas.

 

Información obtenida de La Moncloa