A dos meses del estallido social: Chile 2020

Reuters.

Al igual que el 27 de febrero de 2010 (27F) o el 11 de septiembre de 1973 (11S), el 18 de octubre de 2019 quedará en los libros y en la historia del país. El 18-O, como ha sido identificado por los medios de comunicación, marca un antes y un después en el Chile actual. Un estallido social que dejó más de una herida: destrucción de infraestructura, saqueos al comercio, imposibilidad de transitar por las ciudades. Pero lo más relevante, una división social que aún no se logra cuantificar su profundidad, el miedo y el recuerdo a repetir la historia de los que vivieron el Golpe de Estado del 73’ y la incertidumbre de lo que pasará este 2020 con una hoja de ruta ya trazada para elaborar una nueva Constitución.

Después de 60 días las manifestaciones han disminuido considerablemente su frecuencia, al igual que los actos de vandalismo y los enfrentamientos con Carabineros (la policía uniformada). De hecho, hasta la fecha ha habido diferentes llamados a Paro Nacional, pero no han tenido el efecto que podrían haber tenido tres semanas atrás.

Mientras el Gobierno busca aplacar el descontento social con una agenda social que incluye diferentes medidas, la ciudadanía no baja los brazos ya que no comparte soluciones que no tocan el modelo económico chileno. Las manifestaciones han disminuido, pero el conflicto está latente, esperando por cualquier paso en falso para volver a las calles.

IMPACTO ECONÓMICO

Esta crisis social ha tenido un impacto relevante en Chile, aumentado por la incertidumbre que golpea de lleno a empresas e inversionistas. Esto ha provocado dos meses negros para la economía chilena.

Desde el inicio de la crisis, el IPSA (Índice de Precio Selectivo de Acciones) -indicador que reúne a las 30 empresas más importantes que cotizan en Bolsa-, ha mostrado importantes caídas, siendo la última registrada el 6 de noviembre, con un 3,3%. En total, desde el estallido, este indicador tuvo un comportamiento a la baja que totalizó un 15%, es decir unos US$15 mil millones. Dentro de este indicador se encuentran empresas pertenecientes al rubro de las telecomunicaciones, inmobiliarias, retail y construcción, entre otras, operaciones muy sensibles a la incertidumbre del mercado financiero.

El retail es una de las industrias que más ha resentido los efectos, ya que durante la crisis las tiendas y centros comerciales (mall) se han visto saqueadas o, derechamente, destruidas. Además, han debido modificar sus horarios para cerrar más temprano, con el objetivo de que los trabajadores puedan volver a sus casas adecuándose al horario del Metro, el principal medio de transporte capitalino, que se vio en la obligación de modificar sus horarios por lo daños ocasionados y riesgo latente de sufrir más actos de vandalismo.

Al mismo tiempo, si el consumo ya venía a la baja obligando al retail a impulsar fuertes campañas de liquidación, con esta crisis esa contracción se evidencia aún más. Un estudio de la Cámara Chilena de Comercio arrojó que un 67% de las personas consultadas ha tenido que restringir sus compras por la situación que atraviesa el país. En relación a los hábitos de consumo, el cambio que más se repite es que las personas dejaron de comprar aquellos artículos que no son de primera necesidad (77%), así como también optaron por no adquirir las marcas más caras, con el fin de ahorrar (70%).

En cuanto al tipo de productos o servicios que la gente ha dejado de comprar, destacan los paquetes turísticos y/o tickets de viajes (95%), tecnología y/o electrohogar (95%) y entretención (94%); además de bienes semidurables (vestuario y calzado), decoración y regalos. Las categorías menos impactadas han sido alimentos y supermercados, además de belleza y cuidado personal. Las estimaciones de crecimiento del país también fueron reevaluadas. En este sentido, el Banco Central de Chile, corrigió a la baja sus proyecciones tras su última reunión de Política Monetaria, donde recorta el crecimiento para 2019 desde un rango de 2,25%-2,75% a 1%. Mientras que para 2020, el rango de septiembre era entre 2,75 y 3,75 por ciento y ahora la estimación apunta entre 0,5 y 1,5 por ciento.

Ante la comisión de Hacienda del Senado, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, explicó que «el país está atravesando por momentos complejos y la economía, como era de esperarse, lo está reflejando; así lo ratifica la importante caída del Imacec en octubre, las distintas fuentes de información que señalan una pérdida relevante de empleo durante noviembre y la abrupta caída en las confianzas de hogares y empresas».

En línea con el comentario del presidente del Banco Central en la Cámara Alta, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), dio a conocer las cifras de desempleo del país del período agosto octubre, alcanzando un 7%.

Sin embargo, el Banco Central -en el marco de una encuesta que realiza a cerca de 1.400 empresas para su Informe de Percepciones de Negocios (IPN)-, arrojó que más de la mitad de los encuestados cree que su dotación de trabajadores disminuirá hacia 2020. Al mismo tiempo, el Central asegura que para el último trimestre de 2019 e inicios de 2020, podremos ver una tasa de desempleo cercana al 10%. En esta misma línea, la Dirección del Trabajo (DT), dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, apuntó que durante noviembre de 2019 hubo un aumento cercano al 13% en cuanto a los finiquitos laborales, es decir, avisos de despido.

Uno de los ítems más observados durante esta crisis fue el dólar. Al menos en Chile, cada vez que ocurre algún hecho relevante el dólar se toma la agenda y los medios cubren cada subida o bajada de esta moneda. Durante la crisis, el dólar tuvo su peak histórico (desde 2002) alcanzando los $760 el 11 de noviembre. Sin embargo, no se quedó ahí, ya que si bien alcanzó los $800, en las casas de cambio su valor rondaba los $860.

Llegado diciembre, el valor del dólar comenzó a calmarse llegando a los $756, una baja de $5,5 respecto a la segunda semana de diciembre.

IMPACTO POLÍTICO

“No son 30 pesos, son 30 años”. Es la frase que mejor resume el descontento de la población y que marcó el inició de la crisis más grave desde la vuelta a la democracia en el país. Con esto, se culpa directamente al Gobierno de turno, pero también a los anteriores por no cambiar el modelo económico, sino más bien administrarlo, generando una gran desigualdad en el país, una de las más altas en el mundo.

Todo esto ha golpeado directamente al presidente Sebastián Piñera. Sin más, la aprobación del mandatario ha ido a la baja llegando a un 10% en diciembre de acuerdo con un sondeo de Cadem, consultora chilena. De la misma forma, el gabinete presidencial también ha presentado número ínfimos, algo que se esperaba de acuerdo con el comportamiento de la administración actual y el calibre del conflicto social.

Una de las principales críticas a la administración del presidente es que las respuestas a esta crisis han ido por el lado de la seguridad (mayor control ciudadano, más poderes a Carabineros, penalización a marchas) por sobre una agenda social profunda que demanda la ciudadanía.

Esto ha provocado que, pese a los anuncios de medidas sociales, el apoyo al Gobierno se mantiene muy bajo. Si a este panorama se suman las críticas -y los informes elaborados por organismos externos- por la violencia y atropellos a los DD. HH, no se visualiza que los números de las encuestas cambien en los próximos meses.

Lo anterior también deja entrever la realidad del concepto “Chile cambió”, que se ha acuñado en estos dos meses de crisis social. Las personas ya no están dispuestas a esperar años por cambios que se consideran justos y ampliamente apoyados, por una mejor calidad de vida, por un país más justo.

El costo político de esta crisis marca un antes y después, obligando a la política más que nunca a estar centrada en la población y su bienestar, respondiendo a sus demandas, pero estableciendo reglas de juego y sin caer en el tan conocido populismo.

En esta línea, en dos meses los diputados y senadores (Poder Legislativo) han dado respuesta a las demandas en base a la Agenda Social que envió el presidente.

Pero lo más relevante es que lograron un hecho histórico en la política del país, entablando un acuerdo para una Nueva Constitución, entendiendo que nunca se había visto una cohesión de esta magnitud independiente de que los extremos políticos se hayan marginado de la discusión.

Incluso dejando de lado que la derecha conservadora, como el partido Unión Demócrata Independiente (UDI), haya adelantado que votará en contra de una nueva constitución en el plebiscito fijado para el 26 de abril de 2020.

UNA CABEZA QUE CALMA LAS AGUAS

Durante los primeros días de la crisis, el presidente Sebastián Piñera formuló un cambio de Gabinete. De acuerdo con ese momento, era necesario que la población viera un cambio brusco dentro del círculo de hierro del mandatario, una suerte de señal de cambio. En esta oportunidad salieron el ministro de Hacienda, Economía, Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno e Interior y Seguridad Pública. Sin embargo, la señal que quisieron dar en el Gobierno poco gustó a la población, ya que esperaban ver más cabezas caer, como la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quienes antes y durante la crisis tuvieron issues importantes que molestaron de sobremanera a la población.

Entre los ministros que fueron removidos de su cargo, Andrés Chadwick, ex ministro de Interior y Seguridad Pública fue el ícono. En este juego de poder que ha provocado la crisis, los diputados de la oposición formularon una acusación constitucional contra el ex ministro. Este punto generó un escenario crítico para el Gobierno, porque mientras se gestaba este documento para sindicar públicamente a Chadwick como “violador de los derechos humanos”, también se formulaba uno que buscaba increpar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera, quien además es primo del ex ministro.

En este escenario, era esperable que la acusación contra Chadwick fuese aprobada. La oposición -y en gran parte la opinión pública- buscaba una cabeza, un culpable de todos los hechos de violencia que marcaron esta crisis. Si no era Chadwick, era el presidente, lo que marcaría un precedente y debilitaría aún más la política interna del país.

En este contexto, el Gobierno se vio en la obligación de desmarcarse sin mayor notoriedad de la discusión. Lo anterior, le valió a la actual administración duras críticas del oficialista Unión Democrática Independiente (UDI), quienes acusaron al Gobierno de no apoyar a su ex ministro y, básicamente, darle la espalda. A estas críticas, Gonzalo Blumel, actual ministro del Interior y Seguridad Pública fue quien recibió los dardos negando las acusaciones.

Finalmente, Chadwick fue acusado constitucionalmente (lo que le impide ejercer cargos públicos por los próximos 5 años), mientras que el libelo contra el presidente fue desechado en el Congreso. Una cabeza que calmó las aguas.

PRINCIPALES ANUNCIOS Y SU AVANCE

• Aumento de las pensiones: El Congreso aprobó una ley corta que permite un aumento del 50% en las Pensiones Básicas Solidarias y Aportes Básicos Solidarios. Además, el Aporte Previsional Complementario, que se suma a las pensiones más bajas, también incluye un aumento del 50%. En todos estos casos el aumento -en concreto- es cercano a los $55.000.
• Discriminación en los seguros de salud privados: Las Isapres (Instituciones de Salud Previsional) son el seguro de salud privado en Chile, donde cerca del 15% de la población está afiliado a ellos, mientras que un 81% al sistema de salud público (Fonasa). Sin embargo, las Isapres históricamente han sido criticadas por el excesivo costo y la discriminación entre hombres y mujeres, donde estas últimas pagan cerca de 179% más en edad fértil que los hombres.6 Este concepto de diferencia fue eliminado y comenzará a regir en abril de 2020. En cuanto a la fórmula, se especula que el plan de las mujeres efectivamente bajará, mientras que el de los hombres subirá cerca de $10.000, sin embargo, es un desenlace que hay que esperar. Además, esta rebaja es válida para las nuevas afiliadas o quienes se cambien de plan de salud durante 2020, mientras que los afiliados actuales y que no se puedan cambiar de plan de salud, deberán esperar hasta abril de 2021, momento en el que el sistema se «va a regular solo», ya que las isapres van a estar obligadas a ofrecer mejores planes para captar clientes y retener a los actuales.
• Aumento del sueldo mínimo: Dentro de los puntos de la Agenda Social presentado por el presidente, el aumento del sueldo mínimo fue una de las principales. Actualmente, este proyecto de ley se debate en el Congreso, donde la Cámara aprobó un sueldo mínimo de $301.000 líquidos (US$397). Sin embargo, la oposición está en pie de guerra y busca que este monto sea de $500.000 (US$660). De todos modos, es un tema abierto y que seguirá marcando agenda.
• Impuesto a rentas altas: El Gobierno propuso un aumento al 40% del impuesto global complementario que pagan las personas con rentas superiores a los $15 millones mensuales (US$19.800). Por el momento, este proyecto está alojado dentro de la Reforma Tributaria y fue anunciado como una medida, sin embargo, ya estaba en discusión desde agosto de este año.

Estas son algunas de las medidas que impulsó el Gobierno frente a esta crisis social. Efectivamente, el Ejecutivo reconoce que en el caso de las pensiones el aumento no es mucho y sigue siendo difícil para las personas vivir con esos montos. Por esto, la ciudadanía mantiene sus críticas contra el Gobierno ya que ven medidas de “parche” más que cambios de fondo.

PROCESO CONSTITUYENTE

El ícono de esta crisis, y lo que ha generado más revuelo, es el proceso constituyente que atravesará el país el próximo 26 de abril.

En esta materia, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó, el lunes 16 de diciembre, los principales artículos que darán vida al proceso, aunque resta que el proyecto de ley sea aprobado por la Cámara de Diputados.

En abril la ciudadanía definirá si quiere o no una nueva Constitución y, al mismo tiempo, el proceso que se utilizará para su redacción: Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional.

• Convención Mixta Constitucional (que es un 50% miembros del Congreso y el otro 50% escogido por votación popular).
• Convención Constitucional: Esta implica que todos los miembros de esta mesa de trabajo son escogidos por votación popular.

Adicional al documento inicial, algunos diputados agregaron tres artículos transitorios: se establece un 50% de representación de mujeres en el órgano constituyente; 18 puestos garantizados en la convención constitucional para representantes de los diferentes pueblos indígenas; y la posibilidad que los candidatos independientes se agrupen en listas electorales por distrito.

En cuanto a los escenarios que se presentan: De ganar la opción “Sí, nueva constitución”, se comienza a trabajar en el proceso usando la vía votada en la misma instancia, que puede ser Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional. Sin embargo, el trabajo concreto de armar una nueva constitución para el país recién comenzaría después de las elecciones municipales y regionales. ¿Por qué? porque en esta instancia electoral la población, además de escoger al alcalde de su comuna, también deberán votar por los integrantes de la convención constitucional en cualquiera de los formatos escogidos popularmente.

Así, Chile puede o no tener nueva constitución, pero recién en 2021 e incluso hasta el 2022, se podrán ver avances o luces de cómo se gestará la nueva carta magna del país.

Si bien será un 2020 de cambios e incertidumbre, la mayoría de los chilenos tiene una mirada positiva frente al futuro. De acuerdo con Cadem, consultora chilena, un 74% cree que después de esta crisis Chile será un país mejor, mientras que un 14% piensa que todo seguirá igual y sólo un 8% que será todo peor.

Este antecedente deja entrever que Chile entró en el camino correcto. Lo que ocurrió fue un tirón de orejas para la esfera política y cambia el rumbo en cómo se harán las cosas de ahora en adelante. Si hace unos años se hablaba de que las personas estaban cada vez más empoderadas, hoy esa situación se ratificó.

Lo que ocurrió en Chile no fueron solo $30, sino un giro completo, un cambio de rumbo que busca oportunidades para todos. Esto generará un cambio político, social, económico y, sobre todo, de percepción sobre los chilenos hacia su propio país.

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