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Foto_Pablo_Sarrión“Aunque pueda resultar paradójico, los lobistas en España no sólo ejercen su influencia para defender los intereses de las compañías a las que representan sino que también la ejercen para que su profesión sea regulada”

Pablo Sarrión

Consultor de Asuntos Públicos en LLORENTE & CUENCA

Definir a qué se dedica un lobista no es tarea fácil. Tenemos que remontarnos al año 1640 cuando ya el Oxford English Diccionary definía el término lobbies como los pasillos de la Casa de los Comunes donde los ciudadanos podían hablar con sus representantes. Cuatro siglos después la RAE equipara a los lobistas con los grupos de presión. Para los académicos de esta institución los lobistas son un “conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social”.

Los profesionales que se dedican a este oficio discrepan de esta definición. Ellos prefieren que sean calificados como grupos de interés. Los lobistas aseguran que desempeñan un papel importante y legítimo en el proceso democrático. Tal y como se recoge en la Constitución española, los representantes de la sociedad civil deben tener acceso a las Instituciones y a los poderes ejecutivo y legislativo a fin de trasladar sus ideas e intereses, recabar información, defender su situación o instar a cambiar la legislación que les afecta. Tareas que desempeñan los lobistas en su día a día acogiéndose a este derecho constitucional.

Sin embargo, y aunque pueda resultar paradójico, los lobistas en nuestro país no sólo ejercen su influencia para defender los intereses de las compañías a las que representan sino que también la ejercen para que su profesión sea regulada. Los lobistas españoles hacen lobby para dignificar su profesión. La actividad de los grupos de interés carece de un marco legal en España. Una tarea que se debe acometer con premura para normalizar una actividad milenaria y alejar así los fantasmas de la corrupción y el tráfico de influencias cada vez que empresas, federaciones, asociaciones, fundaciones, etc. se reúnan con políticos o cargos públicos.

Los legisladores españoles son conscientes de este vacío legal y se han puesto manos a la obra. Tal está siendo su esfuerzo por regular la actividad de los lobbies que ya son doce las comunidades autónomas que han creado o están en proceso de crear un registro de grupos de interés propio (a ellos hay que sumar el registro aprobado por el Ayuntamiento de Madrid y el de la CNMC). De no existir regulación alguna al respecto, podrían aparecer más de 8.000 leyes que regulen los grupos de interés a nivel municipal, regional y nacional. Algo totalmente descabellado.

Desde Foro por la Transparencia, como desde otras asociaciones de lobistas como APRI, se considera que la solución a esta proliferación de registros pasa por la creación de un Registro Común cuyos miembros inscritos queden habilitados para ejercer su actividad en todo el territorio español sin perjuicio de la creación de los registros que deseen crear las comunidades autónomas o los ayuntamientos y, dada esta situación, exista una interoperabilidad entre todos ellos. Para ello las administraciones que cuenten con un registro de lobbies compartirán su información mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas. De no existir esta interoperabilidad entre administraciones el objetivo principal de estos registros (dotar de transparencia al proceso legislativo) quedaría en entredicho.

Los lobistas en España no sólo tendrán que influir en los legisladores para que establezcan un registro común de lobbies sino que, además, tendrán que sentarse con los académicos de la RAE para que dejen de definirlos como “grupos de presión”. Ambas tareas no serán nada fáciles, pero está en sus manos dignificar su profesión. Una profesión que, a día de hoy, no genera confianza en el imaginario de gran parte de la sociedad española, pero que a su vez es tan necesaria para el proceso legislativo, tal y como se recoge en nuestra Constitución.

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