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Carles Puigdemont, el presidente del Govern de la Generalitat de Cataluña, anunció el pasado 10 de octubre que asumía el mandato del referéndum del 1 de octubre (declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de España) en el sentido de declarar la independencia unilateral de Cataluña. Sin embargo, a continuación propuso la suspensión de sus efectos de forma temporal, a la espera de iniciar una vía de diálogo con el Gobierno de España.

CATALUÑALa mayoría de analistas han señalado que esta situación es totalmente inédita, y que se trataría de una estrategia para ganar tiempo, ante el completo rechazo internacional a la independencia de Cataluña, haciéndola absolutamente inviable en estos momentos. Las reacciones han oscilado desde la insatisfacción de amplios sectores independentistas, que no dudaron en calificar esta suspensión de “traición”, a la preocupación del Gobierno de España por la situación de incertidumbre e inestabilidad en Cataluña.

Como consecuencia de ello, el Gobierno de España requirió a la Generalitat confirmar si esas declaraciones eran una declaración de independencia o no. En función de la respuesta, el Gobierno de España aplicaría el artículo 155 de la Constitución española con el objetivo, al menos, de asumir las competencias de convocatoria de elecciones en Cataluña y forzar un adelanto electoral que facilite el desbloqueo de la situación, así como la ruptura de la coalición independentista que gobierna hoy en la Generalitat.

Joan Navarro e Ignacio Corredor, del equipo de Asuntos Públicos de LLORENTE & CUENCA, analizan en este informe para Desarrollando Ideas la evolución de esta crisis institucional que se inicia en 2012 con la victoria en las elecciones autonómicas de Convergència i Unió (CiU), en la que por primera vez se apostó abiertamente por la Constitución de un nuevo Estado, rompiendo la larga tradición del nacionalismo catalán. Los nacionalistas catalanes habían gobernado Cataluña durante 25 años, siendo un socio fundamental de todos los Gobiernos de España y parte integrante del Pacto Constitucional de 1978 y del pacto estatutario del 2005.

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